El comité coordinador del CAL está compuesto por los licenciados Alvin Couto, Guillermo Rebollo, Mariana Nogales, Ariadna Godreau y Nicole Díaz, quienes emitieron una declaración conjunta que lamenta que se haya intentado criminalizar el derecho a la protesta.
“En particular, denunciamos la estrategia de entidades privadas y gubernamentales que presentan demandas de injunction contra personas, grupos y organizaciones que se manifiestan. Muchas veces sin evidencia ni fundamento -frívolas- estas demandas buscan atemorizar tanto a las personas y entidades nombradas como al público general. Luego de obtener entredichos provisionales, la tendencia es que quienes demandan desisten de los pleitos antes de que se celebren las vistas en su fondo”, dice la declaración conjunta.
Pero los abogados insisten en que ya entonces es tarde para evitar el daño en la reputación de personas y grupos.
“Estas demandas se conocen en inglés como SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública, bofetadas). Buscan impedir el derecho a la libre expresión. Suelen no tener méritos. Sirven solo para callar. En Puerto Rico, eso se conoce también como abuso del derecho. Es usar los procesos judiciales para amedrentar y es una práctica que repudiamos”, agrega la declaración leída por los abogados en conferencia de prensa.
Couto, Rebollo, Nogales, Godreau y Díaz dijeron que tanto las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló instruyendo a los tribunales a cómo actuar respecto a quienes protestan cómo las de directivos del Banco Popular aceptando haber tenido lista una demanda contra 42 organizaciones y 50,000 manifestantes preventivamente, son “repudiables”.
“Ni los tribunales ni la profesión legal existen para envalentonar prácticas que criminalizan a personas, grupos, organizaciones de base comunitaria y sin fines de lucro que salen a la calle a exigir condiciones de vida digna, la auditoría de la deuda y que se desenmascare a los responsables de la crisis. La protesta es un derecho. Las abogadas no somos carceleras ni los tribunales son jaulas para quienes se expresan legítimamente”, agregaron los letrados.
El Comité de Acción Legal afirmó que es una plataforma de apoyo legal solidario comprometidos con la defensa de los derechos civiles y humanos ante la austeridad.
“Tenemos un compromiso con el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso de ley de quienes ejercen su derecho a la protesta. Para esto, educamos sobre derechos, servimos como observadoras en actividades de protesta y, en la medida en que nos permiten nuestros recursos y junto a otras entidades, coordinamos asistencia legal”.
Para escuchar la conferencia de prensa, pulse aquí.
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