Gobernanza, crisis financiera y Universidad

Ponencia de PAReS ante el Comité de Consulta para la presidencia de la UPR

La Universidad debe pensarse como “un bien público cuyo funcionamiento en las mejores condiciones posibles constituye una obligación para el Estado y una responsabilidad con respecto a la sociedad puertorriqueña”. (Informe del Comité Especial del Senado Académico sobre la situación fiscal del Recinto, aprobado por la asamblea del claustro el 1 de abril de 2016)

El grupo PAReS, Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria, compuesto por docentes con y sin plaza del Recinto de Río Piedras, se presenta ante este Comité de Consulta, la comunidad universitaria y el país para repudiar el proceso vigente de toma de decisiones sobre el gobierno de la institución, incluyendo la designación de la presidencia. La incongruencia de que se estén celebrando estas vistas en una coyuntura en que la institución se encuentra paralizada por una huelga estudiantil indefinida, en que muchos y muchas docentes están dedicadas a buscar soluciones para los problemas de la universidad, es ejemplo de la desvinculación entre los procesos burocráticos y los procesos participativos de base. A pesar de ello, comparecemos aquí para dejar constancia de nuestra perspectiva sobre un modelo alterno de gobernanza.

Reafirmamos en esta comparecencia las posiciones adoptadas por el claustro del Recinto de Río Piedras en abril del 2016 en cuanto a la importancia de que se democraticen las formas de gobierno y los procesos de toma de decisión en la universidad y en cuanto a la urgencia de una reforma producida por la comunidad universitaria misma. 

La crisis financiera que está viviendo el país convive con una creciente pérdida de confianza en las instituciones públicas, y un cuestionamiento de su legitimidad, sus formas de gobierno y sus estructuras administrativas. A lo largo de muchos años, los y las universitarias hemos denunciado no solo la intervención de la política partidista en la gobernanza de la Universidad sino también la carencia de procesos genuinamente democráticos en la toma de decisiones al interior mismo de la institución. Cuestionamos la institución de la presidencia como representativa de un modelo de gobernanza falto de transparencia, vertical, poco democrático y poco participativo, que responde mayormente a la política partidista. Hemos insistido en que se descentralice el funcionamiento de la universidad y que por medio de procesos horizontales de decisión, los recintos y las facultades puedan dirimir los asuntos que les competen directamente.

Estas áreas que le competen comprenden las cuatro libertades fundamentales que resultan consustanciales a la función de generar y divulgar conocimiento, a saber: la libertad de decidir quién enseña y a quién se enseña, qué se enseña y cómo. 

La forma de gobernanza de la universidad que proponemos, a diferencia de la actual, requiere una participación amplia de todos los sectores de nuestra comunidad que permita la toma de decisiones informadas desde la base. En ese marco, es fundamental que la institución sea autónoma en tres sentidos: frente a intereses externos; que los recintos lo sean frente a la administración central; y que haya autonomía al interior de cada recinto, sus facultades y departamentos. 

Primero, por su carácter académico, debe subrayarse ante el gobierno central la autonomía de la Universidad de Puerto Rico. En este contexto, es responsabilidad de nuestros representantes ante organismos gubernamentales defender los intereses de la universidad frente a decisiones y procesos que la perjudiquen.

En segundo lugar, en un nuevo modelo de gobernanza, la administración central debe cumplir una función facilitadora que garantice a los recintos la autonomía necesaria para establecer sus prioridades y atemperar sus decisiones académicas y presupuestarias a sus necesidades particulares. De este modo, además de respetarse el conocimiento que cada unidad tiene de sus condiciones específicas, se contribuye a reducir la burocratización administrativa de la universidad.

Finalmente, dentro de cada recinto, debe fortalecerse la intervención activa de docentes, no docentes y estudiantes en la toma de decisiones a nivel de las facultades y departamentos. Al tiempo que se respeta la libertad de cátedra y que se instituyen procesos efectivos de rendición de cuentas, las determinaciones relativas a todos los aspectos que constituyen la actividad docente, los ofrecimientos académicos y las condiciones para la investigación y la creación deben ser resultado de procesos participativos.

La gobernanza en la universidad debe posibilitar el cumplimiento de la institución con su misión educativa, investigativa y creativa, con su responsabilidad social y con los compromisos que, como institución pública, tiene con el país. Esa gobernanza no puede considerarse únicamente a la luz de criterios de índole económico. Debe posibilitar la redistribución de los recursos públicos que sustentan a la institución fortaleciendo las áreas académicas de enseñanza e investigación y de servicio al país. De igual forma, un nuevo modelo de gobernanza debe guiarse por una concepción de justicia social que posibilite condiciones de trabajo equitativas y prevenga la precariedad laboral de sus empleados docentes y no docentes. Así pues, deben instituirse mecanismos para reestablecer los nombramientos en plaza y para modificar las condiciones salariales y laborales de los docentes por contrato de modo que sus labores de enseñanza e investigación puedan producirse en condiciones justas y equitativas.

En el marco de este modelo de gobernanza, la universidad pública debe reconocer que sirve a amplios sectores del país, algunos de los cuales, especialmente en el momento actual, viven en condiciones de pobreza y precariedad. Es responsabilidad de la institución proveer educación accesible a todos los estudiantes, sobre todo a aquellos que provienen de esos sectores.

Esta transformación en la forma de gobierno de la Universidad de Puerto Rico contribuiría a una mayor transparencia y efectividad en nuestro funcionamiento así como a que se refuercen las prácticas democráticas, la legitimidad de la universidad pública ante el país y el reconocimiento de su enorme contribución al desarrollo cultural, social y económico de Puerto Rico.

Ponencia leída por Maruja García Padilla

Portavoz de PAReS

11 de mayo de 2017

Profesores agrupados en PAReS se pronuncian en torno al tema de los salarios y las condiciones de trabajo en el marco de la huelga universitaria estudiantil.

CARTA ABIERTA AL PAÍS

22 de mayo de 2017

Los profesores no estamos cobrando por un trabajo que no se ha realizado durante la huelga universitaria. Estamos perdiendo los dos meses del receso académico de verano (“vacaciones”), que forman parte de nuestro contrato como docentes de la UPR. Como los maestros, nuestro salario anual se prorratea entre las 24 quincenas del año, para distribuir la paga de los 12 créditos semestrales que estamos obligados a enseñar. Cuando se reanuden las clases y se recalendarice el semestre, tendremos que completar los cursos, de los cuales falta todavía la tercera parte del total de horas lectivas. Lo del pago sin labor es una falsedad muy malintencionada. Queremos denunciar que las declaraciones que han hecho a este respecto, desde la Contralora hasta algunos medios de prensa que se han hecho eco, no sirven para otra cosa que para lanzar leña al fuego. Estas insinuaciones de que los profesores estamos defraudando al fisco –que denotan, además de ignorancia, una crasa irresponsabilidad– constituyen acusaciones muy serias.  El colmo de este ataque lo perpetra el representante Rodríguez Aguiló, con su P. de la C. 1089, radicado este pasado viernes 19 de mayo.

Se debe comprender la naturaleza de nuestro trabajo, tanto como las concepciones sobre el “ocio” que se nos achaca. En primer lugar, los profesores impartimos 24 créditos al año como mínimo si tenemos plaza o contrato a tiempo completo. Además de las tareas docentes (horas de clases –de contacto presencial– y horas de oficina, entre otros servicios a los estudiantes: mentoría y consejería, cartas de recomendación, tesis y disertaciones), los profesores desempeñamos tareas de creación, investigación y servicio tanto institucional –elaboración de propuestas, participación en comités– como comunitario. Esto no se contabiliza en dólares y centavos por hora: constituyen nuestra labor permanente. Durante el verano muchos de nosotros teníamos programadas otras tareas propias de nuestra profesión (investigar, preparar cursos, estudiar, escribir y publicar), fundamentales para fortalecer nuestro trabajo en el salón de clases. Por otra parte, desde marzo, hemos participado en reuniones y discusiones acerca de la universidad y la educación pública, la ley Promesa y la situación actual. Buscamos formas de defender nuestra universidad de los recortes arbitrarios y exorbitantes que amenazan su existencia misma. Además, estamos atentos a cualquier medida que profundice más aún la precarización de nuestras condiciones laborales, proceso que data de estos últimos veinte años.

No estamos cobrando sin trabajar, pero decenas de compañeras y compañeros que tienen contratos sin plaza (sin beneficios marginales como el plan médico), no cobrarán este verano y, sin embargo, se les exigirá cumplir con las horas contacto, en caso de que el semestre se extienda, sin la oportunidad de conseguir otros trabajos que compensen la exigua cantidad que reciben por sus labores. Los profesores sin plaza, quienes representan un 40% del profesorado en Río Piedras y 60% en Carolina, enfrentarán en primera fila el peso de los recortes propuestos a la universidad pública.

La mezquindad y la mentira que repite cierta prensa forma parte de la campaña de odio hacia el sistema público de enseñanza superior. Un pueblo sin estudios, sin curiosidad intelectual, sin ánimos de protesta, es un pueblo fácil presa de demagogias y atropellos. ¿Necesitan que renunciemos al ejercicio crítico para ocultar los conflictos de intereses dentro de la Junta de Control Fiscal y para que nos sometamos al dominio de un gobierno autoritario y antidemocrático?

Nuestro trabajo docente, creativo e investigativo fortalece la práctica de la democracia y de la resistencia, sobre todo cuando estos valores peligran. Eso hacemos cada día, y estamos dispuestos a hacerlo en esta difícil coyuntura.

Sabemos que el pueblo de Puerto Rico repudia esta campaña de difamación contra los universitarios, porque conocen el compromiso que tenemos con Puerto Rico y nuestra Universidad.