Gobernanza, crisis financiera y Universidad

Ponencia de PAReS ante el Comité de Consulta para la presidencia de la UPR

La Universidad debe pensarse como “un bien público cuyo funcionamiento en las mejores condiciones posibles constituye una obligación para el Estado y una responsabilidad con respecto a la sociedad puertorriqueña”. (Informe del Comité Especial del Senado Académico sobre la situación fiscal del Recinto, aprobado por la asamblea del claustro el 1 de abril de 2016)

El grupo PAReS, Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria, compuesto por docentes con y sin plaza del Recinto de Río Piedras, se presenta ante este Comité de Consulta, la comunidad universitaria y el país para repudiar el proceso vigente de toma de decisiones sobre el gobierno de la institución, incluyendo la designación de la presidencia. La incongruencia de que se estén celebrando estas vistas en una coyuntura en que la institución se encuentra paralizada por una huelga estudiantil indefinida, en que muchos y muchas docentes están dedicadas a buscar soluciones para los problemas de la universidad, es ejemplo de la desvinculación entre los procesos burocráticos y los procesos participativos de base. A pesar de ello, comparecemos aquí para dejar constancia de nuestra perspectiva sobre un modelo alterno de gobernanza.

Reafirmamos en esta comparecencia las posiciones adoptadas por el claustro del Recinto de Río Piedras en abril del 2016 en cuanto a la importancia de que se democraticen las formas de gobierno y los procesos de toma de decisión en la universidad y en cuanto a la urgencia de una reforma producida por la comunidad universitaria misma. 

La crisis financiera que está viviendo el país convive con una creciente pérdida de confianza en las instituciones públicas, y un cuestionamiento de su legitimidad, sus formas de gobierno y sus estructuras administrativas. A lo largo de muchos años, los y las universitarias hemos denunciado no solo la intervención de la política partidista en la gobernanza de la Universidad sino también la carencia de procesos genuinamente democráticos en la toma de decisiones al interior mismo de la institución. Cuestionamos la institución de la presidencia como representativa de un modelo de gobernanza falto de transparencia, vertical, poco democrático y poco participativo, que responde mayormente a la política partidista. Hemos insistido en que se descentralice el funcionamiento de la universidad y que por medio de procesos horizontales de decisión, los recintos y las facultades puedan dirimir los asuntos que les competen directamente.

Estas áreas que le competen comprenden las cuatro libertades fundamentales que resultan consustanciales a la función de generar y divulgar conocimiento, a saber: la libertad de decidir quién enseña y a quién se enseña, qué se enseña y cómo. 

La forma de gobernanza de la universidad que proponemos, a diferencia de la actual, requiere una participación amplia de todos los sectores de nuestra comunidad que permita la toma de decisiones informadas desde la base. En ese marco, es fundamental que la institución sea autónoma en tres sentidos: frente a intereses externos; que los recintos lo sean frente a la administración central; y que haya autonomía al interior de cada recinto, sus facultades y departamentos. 

Primero, por su carácter académico, debe subrayarse ante el gobierno central la autonomía de la Universidad de Puerto Rico. En este contexto, es responsabilidad de nuestros representantes ante organismos gubernamentales defender los intereses de la universidad frente a decisiones y procesos que la perjudiquen.

En segundo lugar, en un nuevo modelo de gobernanza, la administración central debe cumplir una función facilitadora que garantice a los recintos la autonomía necesaria para establecer sus prioridades y atemperar sus decisiones académicas y presupuestarias a sus necesidades particulares. De este modo, además de respetarse el conocimiento que cada unidad tiene de sus condiciones específicas, se contribuye a reducir la burocratización administrativa de la universidad.

Finalmente, dentro de cada recinto, debe fortalecerse la intervención activa de docentes, no docentes y estudiantes en la toma de decisiones a nivel de las facultades y departamentos. Al tiempo que se respeta la libertad de cátedra y que se instituyen procesos efectivos de rendición de cuentas, las determinaciones relativas a todos los aspectos que constituyen la actividad docente, los ofrecimientos académicos y las condiciones para la investigación y la creación deben ser resultado de procesos participativos.

La gobernanza en la universidad debe posibilitar el cumplimiento de la institución con su misión educativa, investigativa y creativa, con su responsabilidad social y con los compromisos que, como institución pública, tiene con el país. Esa gobernanza no puede considerarse únicamente a la luz de criterios de índole económico. Debe posibilitar la redistribución de los recursos públicos que sustentan a la institución fortaleciendo las áreas académicas de enseñanza e investigación y de servicio al país. De igual forma, un nuevo modelo de gobernanza debe guiarse por una concepción de justicia social que posibilite condiciones de trabajo equitativas y prevenga la precariedad laboral de sus empleados docentes y no docentes. Así pues, deben instituirse mecanismos para reestablecer los nombramientos en plaza y para modificar las condiciones salariales y laborales de los docentes por contrato de modo que sus labores de enseñanza e investigación puedan producirse en condiciones justas y equitativas.

En el marco de este modelo de gobernanza, la universidad pública debe reconocer que sirve a amplios sectores del país, algunos de los cuales, especialmente en el momento actual, viven en condiciones de pobreza y precariedad. Es responsabilidad de la institución proveer educación accesible a todos los estudiantes, sobre todo a aquellos que provienen de esos sectores.

Esta transformación en la forma de gobierno de la Universidad de Puerto Rico contribuiría a una mayor transparencia y efectividad en nuestro funcionamiento así como a que se refuercen las prácticas democráticas, la legitimidad de la universidad pública ante el país y el reconocimiento de su enorme contribución al desarrollo cultural, social y económico de Puerto Rico.

Ponencia leída por Maruja García Padilla

Portavoz de PAReS

11 de mayo de 2017

Profesores agrupados en PAReS se pronuncian en torno al tema de los salarios y las condiciones de trabajo en el marco de la huelga universitaria estudiantil.

CARTA ABIERTA AL PAÍS

22 de mayo de 2017

Los profesores no estamos cobrando por un trabajo que no se ha realizado durante la huelga universitaria. Estamos perdiendo los dos meses del receso académico de verano (“vacaciones”), que forman parte de nuestro contrato como docentes de la UPR. Como los maestros, nuestro salario anual se prorratea entre las 24 quincenas del año, para distribuir la paga de los 12 créditos semestrales que estamos obligados a enseñar. Cuando se reanuden las clases y se recalendarice el semestre, tendremos que completar los cursos, de los cuales falta todavía la tercera parte del total de horas lectivas. Lo del pago sin labor es una falsedad muy malintencionada. Queremos denunciar que las declaraciones que han hecho a este respecto, desde la Contralora hasta algunos medios de prensa que se han hecho eco, no sirven para otra cosa que para lanzar leña al fuego. Estas insinuaciones de que los profesores estamos defraudando al fisco –que denotan, además de ignorancia, una crasa irresponsabilidad– constituyen acusaciones muy serias.  El colmo de este ataque lo perpetra el representante Rodríguez Aguiló, con su P. de la C. 1089, radicado este pasado viernes 19 de mayo.

Se debe comprender la naturaleza de nuestro trabajo, tanto como las concepciones sobre el “ocio” que se nos achaca. En primer lugar, los profesores impartimos 24 créditos al año como mínimo si tenemos plaza o contrato a tiempo completo. Además de las tareas docentes (horas de clases –de contacto presencial– y horas de oficina, entre otros servicios a los estudiantes: mentoría y consejería, cartas de recomendación, tesis y disertaciones), los profesores desempeñamos tareas de creación, investigación y servicio tanto institucional –elaboración de propuestas, participación en comités– como comunitario. Esto no se contabiliza en dólares y centavos por hora: constituyen nuestra labor permanente. Durante el verano muchos de nosotros teníamos programadas otras tareas propias de nuestra profesión (investigar, preparar cursos, estudiar, escribir y publicar), fundamentales para fortalecer nuestro trabajo en el salón de clases. Por otra parte, desde marzo, hemos participado en reuniones y discusiones acerca de la universidad y la educación pública, la ley Promesa y la situación actual. Buscamos formas de defender nuestra universidad de los recortes arbitrarios y exorbitantes que amenazan su existencia misma. Además, estamos atentos a cualquier medida que profundice más aún la precarización de nuestras condiciones laborales, proceso que data de estos últimos veinte años.

No estamos cobrando sin trabajar, pero decenas de compañeras y compañeros que tienen contratos sin plaza (sin beneficios marginales como el plan médico), no cobrarán este verano y, sin embargo, se les exigirá cumplir con las horas contacto, en caso de que el semestre se extienda, sin la oportunidad de conseguir otros trabajos que compensen la exigua cantidad que reciben por sus labores. Los profesores sin plaza, quienes representan un 40% del profesorado en Río Piedras y 60% en Carolina, enfrentarán en primera fila el peso de los recortes propuestos a la universidad pública.

La mezquindad y la mentira que repite cierta prensa forma parte de la campaña de odio hacia el sistema público de enseñanza superior. Un pueblo sin estudios, sin curiosidad intelectual, sin ánimos de protesta, es un pueblo fácil presa de demagogias y atropellos. ¿Necesitan que renunciemos al ejercicio crítico para ocultar los conflictos de intereses dentro de la Junta de Control Fiscal y para que nos sometamos al dominio de un gobierno autoritario y antidemocrático?

Nuestro trabajo docente, creativo e investigativo fortalece la práctica de la democracia y de la resistencia, sobre todo cuando estos valores peligran. Eso hacemos cada día, y estamos dispuestos a hacerlo en esta difícil coyuntura.

Sabemos que el pueblo de Puerto Rico repudia esta campaña de difamación contra los universitarios, porque conocen el compromiso que tenemos con Puerto Rico y nuestra Universidad.

Carta Abierta a colegas en puestos administrativos y a colegas con plazas regulares en la UPR

(en seguimiento a acuerdos de la Asamblea Nacional del Claustro UPR)*

El 5 de mayo de 2017 en Cayey, se reunieron en asamblea alrededor de 511 docentes del sistema de la Universidad de Puerto Rico, profundamente comprometidas con analizar e incidir en la situación que enfrenta hoy la universidad. Uno de los temas de consenso –reflejado en dos Resoluciones sobre el tema aprobadas mayoritariamente– es la necesidad de tomar acción inmediata en torno a la precarización del trabajo académico y la desigualdad laboral que viven los y las profesoras sin plaza. 

Por décadas, en la UPR se ha practicado la contratación a tiempo parcial y por compensación adicional (a razón de unos 2 mil dólares por curso por semestre para profesoras con doctorado) de especialistas con carreras independientes o docentes con plazas permanentes. Sin embargo, en años recientes, y especialmente a partir de las “Medidas Cautelares” de 2009, la UPR ha experimentado un alza vertiginosa en contrataciones temporeras (a tiempo parcial y completo) y en congelación de plazas permanentes. La tendencia creciente a nivel sistémico es atender las necesidades medulares de los departamentos por medio de la contratación de docentes altamente cualificados sin la más mínima seguridad laboral y bajo condiciones de trabajo desiguales. 

Los y las profesoras sin plaza trabajan sin derecho a seguro médico, retiro o vacaciones pagas, y sin el apoyo institucional necesario para desarrollar sus carreras académicas. Algunos son privados del derecho al voto en la toma de decisiones. Aquellas contratadas a tiempo parcial devengan ingresos que están por debajo del nivel de pobreza.

Las y los docentes sin plaza son actualmente el sector de mayor crecimiento dentro de la población docente del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, sobrepasando el 44% en el Recinto de Río Piedras y el 60% en el Recinto de Carolina. En solo tres años (2013-14 a 2015-16), el número de docentes sin plaza por cada estudiante regular equivalente subió un 131% en el RUM, mientras que, en Río Piedras, subió un 22.7% durante los últimos diez años. Asimismo, durante los últimos diez años, el por ciento de docentes con plaza se redujo un 8% en el RUM y un 4.8% en Río Piedras. Esta situación también supone un sangrado constante y creciente al Sistema de Retiro de la UPR, asunto que afecta a todas y todos los empleados del sistema.

Por otro lado, la tendencia señalada contraviene el marco legal de la UPR y erosiona la legitimidad ética, social y política de la institución. La creciente contratación de docentes sin plaza: 

(1) infringe la Ley y la reglamentación vigente en torno a los tipos de nombramiento en la UPR; 

(2) socava la libertad de cátedra; 

(3) atenta contra la UPR como una comunidad de intelectuales comprometida con el desarrollo y el futuro de la institución y del país en un contexto laboral justo; 

(4) dificulta la formación integral de los y las estudiantes; 

(5) constituye un caso dramático de injusticia laboral; 

(6) desincentiva la capacidad económica de un amplio sector profesional, joven y altamente cualificado; 

(7) quebranta la propia misión de la UPR, así como su perfil democratizador y su rol esencial en el desarrollo de un país mejor y más justo; e 

(8) institucionaliza el modelo neoliberal de

educación superior. 

Así pues, atender los reclamos de los y las docentes sin plaza es vital en la construcción de una universidad pública vibrante, sostenible y dedicada al bien común de quienes habitamos este País.

Un llamado a nuestros y nuestras colegas en puestos administrativos

En nuestra defensa de la UPR como el proyecto público de educación superior más importante de la sociedad puertorriqueña, entendemos como medida imprescindible y prioritaria que la institución cese la simultánea práctica de congelación de plazas regulares y contrataciones a tiempo completo y parcial. La sostenibilidad de la UPR, y su rol imprescindible para el país, requiere que se abran convocatorias para plazas permanentes, según la necesidad demostrada de cada dependencia.

Otras medidas urgentes que se deben implementar a corto y mediano plazo son las siguientes:

1. En caso de ser necesario extender el semestre, otorgar contratos nuevos por la duración calendarizada de las horas contacto restantes, para que estas sean remuneradas según la razón originalmente pactada.

2. Establecer fechas de vigencia en los contratos que provean el tiempo necesario para la preparación de los cursos.

3. Reconocer el principio de “igual paga por igual trabajo”, otorgando a los y las docentes a tiempo parcial una remuneración proporcionalmente equivalente a la escala salarial que se utiliza para las y los docentes a tiempo completo.

4. Garantizar que los y las docentes sin plaza sean contratadas por la duración del año académico.

5. Conceder a las y los docentes sin plaza las mismas condiciones laborales y beneficios marginales equivalentes a docentes con plaza.

6. Establecer como política institucional la no sobrecarga de docentes con plaza abriendo secciones adicionales para mantener un límite idóneo de estudiantes por sección y asignando a los y las docentes sin plaza los cursos adicionales disponibles para completar su carga académica (12 créditos).

7. Dar prioridad a los y las docentes sin plaza para cubrir las sesiones de verano.

8. Proveer las condiciones de trabajo necesarias para que los y las docentes sin plaza puedan desarrollar sus carreras académicas a cabalidad (por ej., tiempo pagado para realizar trabajos de investigación y/o creación, elegibilidad para participar en competencias para fondos institucionales, entre otros).

9. Honrar la política institucional del principio de mérito reconociendo la experiencia académica acumulada de lxs docentes sin plaza para la otorgación de los rangos académicos correspondientes.

10. Establecer como política institucional la creación de plazas docentes de nombramiento probatorio para las y los docentes que laboren por contrato a tarea completa durante 5 años, y que se les otorguen contratos a tarea completa a aquellos y aquellas docentes que laboren por contrato a tarea parcial durante 3 años.

11. Reconocer el derecho a voz y voto de los y las docentes sin plaza en contextos deliberativos que redunden en decisiones académicas y administrativas que atañen a la docencia (tales como reuniones departamentales, de facultad y del claustro).

12. En el caso de no renovación de contrato, el/la docente sin plaza debe ser informada por escrito de las razones por las que no se le renueva el contrato.

13. Establecer como política institucional garantizar remedios administrativos imparciales, rápidos y justos para tramitar querellas y apelaciones de lxs docentes sin plaza.

14. Establecer una Carta de Derechos de los y las Docentes Sin Plaza del Sistema Superior Público de Puerto Rico que se incluya en toda contratación.

Un llamado a nuestras y nuestros colegas con plazas regulares

Solicitamos que encaminen con acciones concretas la solidaridad con los sectores más vulnerables que debe caracterizar un gremio como el nuestro, abocado a la educación y, por ello, a la democracia y a la justicia. Ante las condiciones de trabajo precarias e indignas para sus colegas sin plaza antes descritas, solicitamos que, por ejemplo:

1. No acepten cursos por compensación que pueden ofrecer sus colegas sin plaza para completar un contrato a tiempo completo.

2. Cedan sus puestos prioritarios –por antigüedad o por “uso y costumbre”– cuando se asignan los cursos de las sesiones de verano.

3. Pongan en práctica modos de proteger a sus colegas sin plaza de situaciones o posiciones que puedan acrecentar su vulnerabilidad ante la institución.

4. Accionen en la cotidianidad universitaria tomando en cuenta prioritariamente que buena parte –y, en algunos casos, la mayoría– de sus colegas no tienen las mismas condiciones de trabajo, beneficios marginales y seguridad laboral.

*Esta carta ha sido redactada colaborativamente con material producido por el Comité de Acción de Docentes Sin Plaza (CADSP, UPR-Río Piedras), la mesa de trabajo Lxs sin plaza del colectivo Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción (PROTESTAmos, UPR-Mayagüez) y lxs Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PAReS, UPR Río Piedras). Además de dichos colectivos, suscriben esta carta los siguientes: DeMoS (UPR-Cayey), APRUM (Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez) y APPU (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios).

PAReS reitera su apoyo a la Rectora Interina

19 de mayo de 2017

Carta abierta al país:

Los docentes de PAReS (Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria) apoyamos las gestiones de la Rectora Interina del Recinto de Río Piedras, la doctora Carmen Haydée Rivera, para la resolución del conflicto huelgario en nuestro Recinto a través de la mediación y la negociación.

La Rectora ejerció sus funciones de forma ejemplar para proteger el futuro de nuestra institución, de acuerdo con las políticas institucionales vigentes. Los conflictos entre universitarios se resuelven mediante el diálogo y la negociación, no mediante el uso de la fuerza o la demagogia, intimidación y mecanismos de represión, constatados en las enmiendas al Código penal. De igual manera, como líder de nuestro Recinto, dio cátedra al país, en estos momentos tan conflictivos, de los mejores modos para pensar nuestro futuro común. Si el gobierno o la Junta se hubiera sentado a negociar, en lugar de mostrar la más absoluta intransigencia, tal vez habría concluido este conflicto a favor del Puerto Rico que necesitamos en una coyuntura tan crítica. Este proceso requiere, sobre todo, la honestidad y paciencia que la Rectora ha mantenido.

Todos los universitarios estamos de acuerdo en que hay que auditar la deuda y en que los recortes propuestos al sistema Universitario público del país, arbitrarios e injustificados, amenazan su existencia. Estamos convencidos de que un alza de matrícula no resolvería el asunto económico y sólo tendría el efecto de dejar fuera a la población más pobre del país. Como ciudadanos, tenemos derecho a la protesta, y como universitarios, es a nosotros a quienes nos corresponde reformar la Universidad.  El desacuerdo que se nos presenta para atender esta crisis, no es sobre las causas, sino sobre los medios. En un contexto universitario, el uso de la violencia es impensable, puesto que desvirtúa y desmerece la naturaleza y el fin del quehacer universitario. Esto lo ha comprendido bien la Rectora, y ha obrado acorde a estas convicciones, que comparte toda la comunidad universitaria. Nos oponemos firmemente al uso de la fuerza y reprochamos las campañas de difamación y los ataques públicos, injustificados y antiuniversitarios, contra la persona de la Rectora Interina.

Lamentamos su renuncia y reiteramos nuestro apoyo a su pasada gestión, en el mejor espíritu universitario.

Cordialmente,

PAReS

Organizaciones docentes denuncian el uso de la fuerza

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el colectivo de Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PARES), el Colectivo de Docentes en Movimiento Solidario (DEMOS) y Profesores Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción (PROTESTAMOS) denunciaron que se pretenda abrir los portones del Recinto de Río Piedras mediante la fuerza. Nuestras organizaciones, coincidimos en rechazar el uso de la violencia para tratar de resolver el conflicto universitario. La forma responsable y democrática de atender este asunto es mediante el diálogo.

Justo cuando el proceso de diálogo entre los distintos sectores de la comunidad universitaria está comenzando a rendir frutos corremos el riesgo de que el mismo sea interrumpido por una desacertada decisión del Tribunal. El pasado martes 9 de mayo, la APPU le pidió a la Presidenta Interina, Nivia Fernández, que solicite tiempo al Tribunal para dar espacio a que el conflicto universitario se resuelva como debe resolverse, mediante un acuerdo entre las partes. La Presidenta Interina de la UPR se ha negado a pedir este tiempo adicional al Tribunal.

La Comisión de Diálogo Institucional se ha reunido ya en varias ocasiones, y el diálogo ha avanzado. Hay que dar el espacio a que este diálogo madure. De hecho, varias de las demandas de los estudiantes ya se han considerado en la Comisión, y hay buen ambiente para llegar a acuerdos sobre otras de las demandas del sector estudiantil y de los sectores docentes y no docentes.

Si la policía entra al Recinto para acabar el proceso huelgario por la fuerza y la represión, tanto APPU como PARES, en el caso de Río Piedras, haremos un llamado a todos los docentes a no entrar a ofrecer clases y a defender la política de sana convivencia de la UPR. La misma posición asumirán DEMOS (Cayey) y PROTESTAMOS (RUM) en caso de que se produzca la entrada a sus recintos mediante el uso de la fuerza.

No entraremos a trabajar en un ambiente de violencia. Los reclamos de consenso entre los estudiantes y otros sectores de la comunidad universitaria deben ser atendidos por el bien común de todos y todas en el país.

No a la intervención de la policía en la UPR

En fin la postura oficial y unánime de PAReS que salió del pleno de ayer fue: NO A LA INTERVENCIÓN POLICIAL EN EL RECINTO!!! NO DAREMOS CLASE SI EL RECINTO SE ABRE CON POLICÍAS!!! NO DAREMOS CLASE SI ENTRA LA POLICÍA AL RECINTO PARA MANTENERLO ABIERTO!!! PASE LO QUE PASE, CON POLICÍA NO HAY CLASE!!!

Carta de apoyo a la rectora de Río Piedras

8 de mayo de 2017

Carmen Haydée Rivera Vega, PhD, Rectora Interina
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Estimada Rectora Interina:

En una situación tan difícil como la que atraviesan tanto nuestra institución como el País, deseamos felicitarla por el respeto y el cuidado con el que ha manejado el conflicto huelgario, y por su voluntad de comprender los reclamos de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general. Asimismo, reconocemos el valor de su iniciativa en la creación de la Comisión Universitaria para la Auditoría Integral de la Deuda, una de las principales demandas de los estudiantes, “el compromiso de trabajar de manera conjunta e inclusiva en una verdadera reforma universitaria con todos los sectores de la comunidad” y, en general, su voluntad de viabilizar las condiciones de diálogo.

Conscientes de la posición crucial en la que se encuentra ante la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida el pasado 5 de mayo, apoyamos su continua apertura y voluntad de mediación, y confiamos en que no se utilice la fuerza policiaca para la consecución de esta orden del Tribunal. La presencia de la policía contraviene los principios universitarios y el compromiso de respetar la política de sana convivencia que su administración ha cumplido a cabalidad.

Por otro lado, antes de cualquier decisión sobre la reapertura del Recinto, es preciso que se tomen las medidas necesarias para el acondicionamiento de la planta física, de manera que se garanticen la salud y la seguridad de profesores, estudiantes y demás empleados en los edificios del recinto.

Reiteramos la confianza en el proceso de negociación iniciado por su administración, en el mejor espíritu universitario, y la apoyamos en sus gestiones.

Reciba nuestro más cordial saludo,

PAReS