jueves, 1 de junio de 2017

PAReS convoca a la creación de una Comisión Transitoria de Buen Gobierno y reafirma la puesta en marcha del autogobierno

El grupo de Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PAReS) propuso hoy la creación de una comisión transitoria de autogobierno universitario para atender de manera responsable y urgente la situación actual de la Universidad de Puerto Rico. Mediante una carta abierta a la Universidad y al país, hicieron un llamado a que los diversos sectores de la Universidad continúen la línea del autogobierno y accionen acordes a la autonomía universitaria. La profesora Érika Fontánez Torres explicó que “en estos momentos en que el país espera ansioso por la Asamblea Legislativa para ponerle fin al conflicto universitario, los PAReS nos preguntamos ¿a quiénes queremos que sirva la UPR? ¿Quiénes deben marcar el rumbo que tomará nuestra primera institución pública de educación superior?”. Por eso, los PAReS destacan en su carta que, aunque algunos piensan (y otros apuestan a ello) que la universidad está acéfala, la realidad es que “no estamos descabezados. Estamos gestando otro cuerpo. El vacío político que han dejado las distintas renuncias ha sido ocupado por la comunidad universitaria desde el inicio de la huelga estudiantil. Los distintos sectores de la institución (a un lado y otro de los portones) hemos continuado debatiendo, investigando, organizando, creando y presentando propuestas, de forma autoconvocada y autogestionada, para proteger la universidad”.

Luego de una plenaria de todo un día, el pasado viernes 26 de mayo, el grupo acordó trabajar como ente facilitador para poner en marcha un proceso que nos lleve hacia una “verdadera autonomía universitaria” comenzando por la creación de un “cuerpo en transición hacia el autogobierno”. Según explicó el profesor Federico Cintrón Moscoso, “en esta coyuntura, PAReS propone la constitución de un cuerpo o comisión transitoria hacia el autogobierno universitario, desligada de la política partidista, e integrada por portavoces de los diversos sectores de la comunidad universitaria y aliados de la sociedad civil comprometidos con la defensa de una educación pública de excelencia”. Cintrón Moscoso señaló que la primera tarea de este cuerpo sería “la defensa de los acuerdos logrados por el movimiento estudiantil que han sido aprobados y ratificados por las instancias formales, tales como el Senado Académico del Recinto de Río Piedras, la Junta Administrativa del Recinto Universitario de Mayagüez y la Junta Universitaria del Sistema UPR”.

Esta propuesta surge en gran medida porque, según señalaron, “el andamiaje institucional actual nos arrebata el poder para tomar decisiones en pos del bien común”. Fontánez Torres destacó que “en esta crisis hemos demostrado que la comunidad universitaria puede autoconvocarse como lo han hecho decanos, senados académicos, rectores y la Junta Universitaria actual, sin la intromisión ni operación de terceros que responden a agendas externas y político-partidistas.” Cintrón Moscoso aclaró que, para el grupo: “no necesitamos de la Junta de Gobierno, puesto que esa entidad constituye lo que siempre hemos dicho: la intromisión de la política partidista y de sus lógicas y juegos de poder. Cada cuatro años la presidencia y los puestos de la Junta de Gobierno responden a estas dinámicas miopes y cortoplacistas entre partidos que, lejos de defender la educación pública, la instrumentalizan para fines político-partidistas y con intereses de terceros”. Finalmente destacaron que “regresar a esa estructura es continuar con esa intromisión que, lejos de mantener, debemos deslegitimar, ahora más que nunca”.

Las portavoces compartieron su Carta Abierta y recalcaron que “los representantes del gobierno local y la JCF insisten en que les toca a los y las universitarias dirigir el rumbo de nuestra Alma Mater. “Hoy decidimos tomarles la palabra y comenzar el cambio hacia el autogobierno”.  “En momentos de inestabilidad social, cuando las respuestas no están claramente dadas, solo nos queda crear, inventar, experimentar y servir. ¡Quiénes mejor que lxs universitarixs para emprender tal encomienda!”

San Juan, Puerto Rico, 1ro de junio de 2017


Carta Abierta a la Comunidad Universitaria y el País
1ro de junio de 2017

Por décadas la comunidad universitaria ha denunciado el daño que ha hecho la intromisión de los gobiernos de turno en la misión y gobernanza de la UPR. Durante los últimos 10 años, la política-partidista ha impuesto medidas de austeridad que atentan contra la capacidad de la institución para proveer educación superior de excelencia sin endeudar a nuestros jóvenes. Hoy, los recortes que la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno pretenden imponer sobre la UPR representan el fin de la institución como proyecto de desarrollo económico, social y cultural del País. El servilismo político-partidista de la alta gerencia universitaria ha dado paso a la utilización de tácticas de hostigamiento e intimidación contra estudiantes y profesores que defienden la razón de ser de la universidad pública (desde el uso indebido del derecho y los tribunales a los intentos de abrir el recinto de Río Piedras por medio de la violencia). El costo de esta violencia estructural incluye las recientes renuncias de la presidenta, la rectora de Río Piedras, y tres miembros de la Junta de Gobierno, y, además, el disloque y desprestigio de una comunidad universitaria genuinamente comprometida con Puerto Rico. En estos momentos en que el país espera ansioso por la Asamblea Legislativa para ponerle fin al conflicto universitario, los PAReS nos preguntamos ¿a quiénes queremos que sirva la UPR? ¿Quiénes deben marcar el rumbo que tomará nuestra primera institución pública de educación superior?
Algunos piensan (y otros apuestan a ello) que la universidad está acéfala, sin cabezas que puedan tomar sus riendas y darle dirección. No estamos descabezados. Estamos gestando otro cuerpo. El vacío político que han dejado las distintas renuncias ha sido ocupado por la comunidad universitaria desde el inicio de la huelga estudiantil. Los distintos sectores de la institución (a un lado y otro de los portones) hemos continuado debatiendo, investigando, organizando, creando y presentando propuestas, de forma autoconvocada y autogestionada, para proteger la universidad. Precisamente porque la comunidad universitaria ha tomado acciones concertadas para salvaguardar la UPR es que la Junta de Gobierno rechazó el nefasto plan fiscal propuesto originalmente por el Ejecutivo.
De igual forma, la mayoría de rectores y senadores académicos se han opuesto a los recortes y han gestado consensos para resolver los conflictos en sus respectivos recintos—demostrando además una solidaridad política que ahora más que nunca debemos emular. La Junta Universitaria, autoconvocada, aprobó unánimemente los acuerdos del movimiento estudiantil y el Comité de Diálogo Institucional. Otros grupos de profesores autoconvocados (DEMoS) y estudiantes (Comité Reforma Universitaria)[1] llevan meses trabajando en propuestas para una reforma universitaria desde la base y un plan fiscal alternativo[2] (PROTESTAmos) desarrollado en colaboración con otros colegas y estudiantes del sistema. El movimiento estudiantil sometió cinco proyectos de ley[3] que eliminarían la necesidad de los recortes propuestos y allegarían fondos a la universidad. Estos son solo ejemplos de lo que hemos producido durante la huelga estudiantil y que se suma a la gran cantidad de propuestas alternas que por décadas los universitarios hemos presentado en respuesta a las reestructuraciones que los gobiernos de turno caprichosamente han insistido en imponernos.
Nuestros gobernantes han repetido el estribillo neoliberal de que la educación pública es un gasto, una especie de barril sin fondo donde botan el dinero a cambio de nada. Lo que no pueden tapar con la mano es la inmensa contribución que hace cada recinto de la UPR a la vida material y cultural de su región. Además, el País sabe que sin educación universitaria no habrá reactivación económica ni posibilidades de agencia para sus habitantes, porque carecer de estudios superiores supone una desventaja. Más aún, la gente sabe que, en este momento histórico, obtener una educación universitaria a fuerza de endeudamiento es condenar a la juventud a la miseria. Por esto muchos aseguramos que la educación no es un gasto es una inversión que hace el País en un futuro digno para todos y todas. La educación universitaria pública es un servicio esencial para el desarrollo económico de Puerto Rico y para la construcción de una sociedad más democrática, creativa y justa. 
Las PAReS entendemos que la UPR tiene todo que ofrecer al País, pero el andamiaje institucional actual nos arrebata el poder para tomar decisiones en pos del bien común. Hemos demostrado en esta crisis que la comunidad universitaria puede autoconvocarse como lo han hecho decanos, senados académicos, rectores y la Junta Universitaria actual sin la intromisión ni operación de terceros que responden a agendas externas y político partidistas. Ha quedado demostrado que no necesitamos de la Junta de Gobierno y que esa entidad es lo que siempre hemos dicho: la intromisión de la política partidista y de sus lógicas y juegos de poder. Cada cuatro años la presidencia y los puestos de la Junta de Gobierno responden a estas dinámicas miopes y cortoplacistas entre partidos y lejos de defender la educación pública la instrumentalizan para fines político-partidistas y con intereses de terceros. Ese es nuestro peor problema. Regresar a esa estructura es continuar con esa intromisión que lejos de mantener debemos deslegitimar, ahora más que nunca.
El problema en la Universidad no es la falta de cabezas para pensarnos, sino la falta de autonomía para tomar acciones concertadas y consistentes con el proyecto social más importante del País y libres de las agendas político-partidistas. Pero en este momento se ha hecho claro que reclamar o evocar la autonomía ya no es suficiente. El momento histórico nos exige asumir y accionar la autonomía que queremos. Nadie conoce mejor que nosotrxs las complejidades de nuestro sistema, sus necesidades y posibilidades hacia el futuro. Ya hemos comenzado y debemos continuar sin dar marcha atrás para regresar a una estructura que es dañina no solo para la Universidad, sino para todo el país.
Por todo lo anterior:
1.   Hacemos un llamado amplio a imaginar y crear juntos un autogobierno universitario, participativo, inclusivo y democrático.
2.    Convocamos a los diferentes sectores a trabajar hacia una transformación profunda guiada por los principios de 1) autonomía académica y administrativa, 2) sana gerencia institucional, y 3) gobernanza democrática y participativa.
3.    Proponemos la constitución de un cuerpo o comisión transitoria hacia el autogobierno universitario, desligada de la política-partidista, integrada por portavoces de los diversos sectores de la comunidad universitaria. La convocatoria también se extiende a aliados de la sociedad civil comprometidos con la defensa de una educación pública de excelencia y capaces de insertarse en procesos participativos para la toma de decisiones. La primera tarea de este cuerpo sería:
-La defensa de los acuerdos logrados por el movimiento estudiantil que han sido aprobados y ratificados por las instancias formales tales como el Senado Académico del Recinto de Río Piedras, la Junta Administrativa del Recinto Universitario de Mayagüez y la Junta Universitaria del Sistema UPR.
-Impulsar la iniciativa propuesta por PROTESTAMos hacia un Plan Fiscal Sostenible.
-Canalizar los procesos iniciados por diferentes sectores hacia una reforma universitaria desde la base, sin imposiciones ni intervenciones contrarias al proyecto social universitario.

En momentos de inestabilidad social, cuando las respuestas no están dadas, solo nos queda imaginar, crear, proponer y construir. ¡Quién mejor que las y los universitarios para emprender tal encomienda!




[1] https://www.facebook.com/cruupr2.0/
[3] https://www.facebook.com/pg/CCEUPRRP/photos/?tab=album&album_id=1389533287757187


martes, 30 de mayo de 2017

Plan Fiscal Sostenible para la UPR supone deliberación universitaria

El Plan SoS UPR propone una metodología participativa e inclusiva que convoca a los diversos sectores comprometidos con el servicio esencial que ofrece la Universidad de Puerto Rico al país
(Mayagüez, 30 de mayo de 2017) El Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR) que el colectivo Profesorxs Transformándose en Solidaridad Tornada en Acción (PROTESTAmos) entregará hoy –a la Junta de Supervisión Fiscal, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, al Gobernador, a la Junta de Gobierno de la UPR y a la Junta Universitaria de la UPR– propone un proceso participativo e inclusivo de deliberación y revisión por diversos sectores de interés previo a ser sometido a la aprobación final de las estructuras de gobernanza existentes en la Universidad.
Según indicó la doctora Lissette Rolón Collazo, coordinadora del proyecto, “elPlan SoS UPR es ya, en efecto, el resultado de la colaboración entre estudiantes, profesores e investigadores universitarios que coinciden en que la Universidad de Puerto Rico es el eje central para la recuperación del país en la coyuntura actual”.
La impronta colaborativa de PROTESTAmos surgió en respuesta al fracaso del Plan Fiscal elaborado por el Comité de Finanzas de la entonces presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, el cual no contó con el insumo ni con el consenso de la comunidad universitaria y fue rechazado por la Junta de Gobierno de la UPR el pasado 28 de abril.
En carta fechada el 30 de abril de 2017 y dirigida a José B. Carrión III, Director de la Junta de Supervisión Fiscal, PROTESTAmos se comprometió a elaborar, con aportes propios y de otros sectores, un Plan Fiscal Sostenible para la UPR y a someterlo a la JSF, con copia a las entidades antes citadas, el 30 de mayo de 2017.
El Plan SoS UPR contempla un proceso participativo dividido en dos etapas. La primera, de carácter inmediato, se nutrirá de la deliberación de las propuestas del Plan entre constituyentes de la UPR y demás sectores de interés. En esta etapa se espera su deliberación, revisión y aprobación en un término máximo de dos semanas.
La segunda etapa, de carácter continuo, convoca al liderato universitario, a las estructuras representativas de la Universidad, a los constituyentes universitarios y a otros sectores de interés (exalumnos y jubilados, entre otros) a participar en procesos sucesivos de mejoramiento periódico y actualización del Plan.
El Plan SoS UPR propone, entre otras cosas, tres escenarios posibles para retar los recortes propuestos por la JSF y para asegurar la subsistencia de la UPR como servicio esencial al país. Dicho plan estará disponible en protestamos.net a partir del 31 de mayo de 2017.
PROTESTAmos es un colectivo auto-convocado de docentes e investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez constituido el pasado 17 de abril.

martes, 23 de mayo de 2017

Gobernanza, crisis financiera y Universidad

Ponencia de PAReS ante el Comité de Consulta para la presidencia de la UPR

La Universidad debe pensarse como “un bien público cuyo funcionamiento en las mejores condiciones posibles constituye una obligación para el Estado y una responsabilidad con respecto a la sociedad puertorriqueña”. (Informe del Comité Especial del Senado Académico sobre la situación fiscal del Recinto, aprobado por la asamblea del claustro el 1 de abril de 2016)

El grupo PAReS, Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria, compuesto por docentes con y sin plaza del Recinto de Río Piedras, se presenta ante este Comité de Consulta, la comunidad universitaria y el país para repudiar el proceso vigente de toma de decisiones sobre el gobierno de la institución, incluyendo la designación de la presidencia. La incongruencia de que se estén celebrando estas vistas en una coyuntura en que la institución se encuentra paralizada por una huelga estudiantil indefinida, en que muchos y muchas docentes están dedicadas a buscar soluciones para los problemas de la universidad, es ejemplo de la desvinculación entre los procesos burocráticos y los procesos participativos de base. A pesar de ello, comparecemos aquí para dejar constancia de nuestra perspectiva sobre un modelo alterno de gobernanza.

Reafirmamos en esta comparecencia las posiciones adoptadas por el claustro del Recinto de Río Piedras en abril del 2016 en cuanto a la importancia de que se democraticen las formas de gobierno y los procesos de toma de decisión en la universidad y en cuanto a la urgencia de una reforma producida por la comunidad universitaria misma. 

La crisis financiera que está viviendo el país convive con una creciente pérdida de confianza en las instituciones públicas, y un cuestionamiento de su legitimidad, sus formas de gobierno y sus estructuras administrativas. A lo largo de muchos años, los y las universitarias hemos denunciado no solo la intervención de la política partidista en la gobernanza de la Universidad sino también la carencia de procesos genuinamente democráticos en la toma de decisiones al interior mismo de la institución. Cuestionamos la institución de la presidencia como representativa de un modelo de gobernanza falto de transparencia, vertical, poco democrático y poco participativo, que responde mayormente a la política partidista. Hemos insistido en que se descentralice el funcionamiento de la universidad y que por medio de procesos horizontales de decisión, los recintos y las facultades puedan dirimir los asuntos que les competen directamente.

Estas áreas que le competen comprenden las cuatro libertades fundamentales que resultan consustanciales a la función de generar y divulgar conocimiento, a saber: la libertad de decidir quién enseña y a quién se enseña, qué se enseña y cómo. 

La forma de gobernanza de la universidad que proponemos, a diferencia de la actual, requiere una participación amplia de todos los sectores de nuestra comunidad que permita la toma de decisiones informadas desde la base. En ese marco, es fundamental que la institución sea autónoma en tres sentidos: frente a intereses externos; que los recintos lo sean frente a la administración central; y que haya autonomía al interior de cada recinto, sus facultades y departamentos. 

Primero, por su carácter académico, debe subrayarse ante el gobierno central la autonomía de la Universidad de Puerto Rico. En este contexto, es responsabilidad de nuestros representantes ante organismos gubernamentales defender los intereses de la universidad frente a decisiones y procesos que la perjudiquen.

En segundo lugar, en un nuevo modelo de gobernanza, la administración central debe cumplir una función facilitadora que garantice a los recintos la autonomía necesaria para establecer sus prioridades y atemperar sus decisiones académicas y presupuestarias a sus necesidades particulares. De este modo, además de respetarse el conocimiento que cada unidad tiene de sus condiciones específicas, se contribuye a reducir la burocratización administrativa de la universidad.

Finalmente, dentro de cada recinto, debe fortalecerse la intervención activa de docentes, no docentes y estudiantes en la toma de decisiones a nivel de las facultades y departamentos. Al tiempo que se respeta la libertad de cátedra y que se instituyen procesos efectivos de rendición de cuentas, las determinaciones relativas a todos los aspectos que constituyen la actividad docente, los ofrecimientos académicos y las condiciones para la investigación y la creación deben ser resultado de procesos participativos.

La gobernanza en la universidad debe posibilitar el cumplimiento de la institución con su misión educativa, investigativa y creativa, con su responsabilidad social y con los compromisos que, como institución pública, tiene con el país. Esa gobernanza no puede considerarse únicamente a la luz de criterios de índole económico. Debe posibilitar la redistribución de los recursos públicos que sustentan a la institución fortaleciendo las áreas académicas de enseñanza e investigación y de servicio al país. De igual forma, un nuevo modelo de gobernanza debe guiarse por una concepción de justicia social que posibilite condiciones de trabajo equitativas y prevenga la precariedad laboral de sus empleados docentes y no docentes. Así pues, deben instituirse mecanismos para reestablecer los nombramientos en plaza y para modificar las condiciones salariales y laborales de los docentes por contrato de modo que sus labores de enseñanza e investigación puedan producirse en condiciones justas y equitativas.

En el marco de este modelo de gobernanza, la universidad pública debe reconocer que sirve a amplios sectores del país, algunos de los cuales, especialmente en el momento actual, viven en condiciones de pobreza y precariedad. Es responsabilidad de la institución proveer educación accesible a todos los estudiantes, sobre todo a aquellos que provienen de esos sectores.

Esta transformación en la forma de gobierno de la Universidad de Puerto Rico contribuiría a una mayor transparencia y efectividad en nuestro funcionamiento así como a que se refuercen las prácticas democráticas, la legitimidad de la universidad pública ante el país y el reconocimiento de su enorme contribución al desarrollo cultural, social y económico de Puerto Rico.

Ponencia leída por Maruja García Padilla
Portavoz de PAReS
11 de mayo de 2017

lunes, 22 de mayo de 2017

Profesores agrupados en PAReS se pronuncian en torno al tema de los salarios y las condiciones de trabajo en el marco de la huelga universitaria estudiantil.

CARTA ABIERTA AL PAÍS
22 de mayo de 2017
Los profesores no estamos cobrando por un trabajo que no se ha realizado durante la huelga universitaria. Estamos perdiendo los dos meses del receso académico de verano (“vacaciones”), que forman parte de nuestro contrato como docentes de la UPR. Como los maestros, nuestro salario anual se prorratea entre las 24 quincenas del año, para distribuir la paga de los 12 créditos semestrales que estamos obligados a enseñar. Cuando se reanuden las clases y se recalendarice el semestre, tendremos que completar los cursos, de los cuales falta todavía la tercera parte del total de horas lectivas. Lo del pago sin labor es una falsedad muy malintencionada. Queremos denunciar que las declaraciones que han hecho a este respecto, desde la Contralora hasta algunos medios de prensa que se han hecho eco, no sirven para otra cosa que para lanzar leña al fuego. Estas insinuaciones de que los profesores estamos defraudando al fisco –que denotan, además de ignorancia, una crasa irresponsabilidad– constituyen acusaciones muy serias.  El colmo de este ataque lo perpetra el representante Rodríguez Aguiló, con su P. de la C. 1089, radicado este pasado viernes 19 de mayo.
Se debe comprender la naturaleza de nuestro trabajo, tanto como las concepciones sobre el “ocio” que se nos achaca. En primer lugar, los profesores impartimos 24 créditos al año como mínimo si tenemos plaza o contrato a tiempo completo. Además de las tareas docentes (horas de clases –de contacto presencial– y horas de oficina, entre otros servicios a los estudiantes: mentoría y consejería, cartas de recomendación, tesis y disertaciones), los profesores desempeñamos tareas de creación, investigación y servicio tanto institucional –elaboración de propuestas, participación en comités– como comunitario. Esto no se contabiliza en dólares y centavos por hora: constituyen nuestra labor permanente. Durante el verano muchos de nosotros teníamos programadas otras tareas propias de nuestra profesión (investigar, preparar cursos, estudiar, escribir y publicar), fundamentales para fortalecer nuestro trabajo en el salón de clases. Por otra parte, desde marzo, hemos participado en reuniones y discusiones acerca de la universidad y la educación pública, la ley Promesa y la situación actual. Buscamos formas de defender nuestra universidad de los recortes arbitrarios y exorbitantes que amenazan su existencia misma. Además, estamos atentos a cualquier medida que profundice más aún la precarización de nuestras condiciones laborales, proceso que data de estos últimos veinte años.
No estamos cobrando sin trabajar, pero decenas de compañeras y compañeros que tienen contratos sin plaza (sin beneficios marginales como el plan médico), no cobrarán este verano y, sin embargo, se les exigirá cumplir con las horas contacto, en caso de que el semestre se extienda, sin la oportunidad de conseguir otros trabajos que compensen la exigua cantidad que reciben por sus labores. Los profesores sin plaza, quienes representan un 40% del profesorado en Río Piedras y 60% en Carolina, enfrentarán en primera fila el peso de los recortes propuestos a la universidad pública.
La mezquindad y la mentira que repite cierta prensa forma parte de la campaña de odio hacia el sistema público de enseñanza superior. Un pueblo sin estudios, sin curiosidad intelectual, sin ánimos de protesta, es un pueblo fácil presa de demagogias y atropellos. ¿Necesitan que renunciemos al ejercicio crítico para ocultar los conflictos de intereses dentro de la Junta de Control Fiscal y para que nos sometamos al dominio de un gobierno autoritario y antidemocrático?
Nuestro trabajo docente, creativo e investigativo fortalece la práctica de la democracia y de la resistencia, sobre todo cuando estos valores peligran. Eso hacemos cada día, y estamos dispuestos a hacerlo en esta difícil coyuntura.
Sabemos que el pueblo de Puerto Rico repudia esta campaña de difamación contra los universitarios, porque conocen el compromiso que tenemos con Puerto Rico y nuestra Universidad.

viernes, 19 de mayo de 2017

Carta Abierta a colegas en puestos administrativos y a colegas con plazas regulares en la UPR

(en seguimiento a acuerdos de la Asamblea Nacional del Claustro UPR)*

El 5 de mayo de 2017 en Cayey, se reunieron en asamblea alrededor de 511 docentes del sistema de la Universidad de Puerto Rico, profundamente comprometidas con analizar e incidir en la situación que enfrenta hoy la universidad. Uno de los temas de consenso –reflejado en dos Resoluciones sobre el tema aprobadas mayoritariamente– es la necesidad de tomar acción inmediata en torno a la precarización del trabajo académico y la desigualdad laboral que viven los y las profesoras sin plaza. 

Por décadas, en la UPR se ha practicado la contratación a tiempo parcial y por compensación adicional (a razón de unos 2 mil dólares por curso por semestre para profesoras con doctorado) de especialistas con carreras independientes o docentes con plazas permanentes. Sin embargo, en años recientes, y especialmente a partir de las “Medidas Cautelares” de 2009, la UPR ha experimentado un alza vertiginosa en contrataciones temporeras (a tiempo parcial y completo) y en congelación de plazas permanentes. La tendencia creciente a nivel sistémico es atender las necesidades medulares de los departamentos por medio de la contratación de docentes altamente cualificados sin la más mínima seguridad laboral y bajo condiciones de trabajo desiguales. 

Los y las profesoras sin plaza trabajan sin derecho a seguro médico, retiro o vacaciones pagas, y sin el apoyo institucional necesario para desarrollar sus carreras académicas. Algunos son privados del derecho al voto en la toma de decisiones. Aquellas contratadas a tiempo parcial devengan ingresos que están por debajo del nivel de pobreza.

Las y los docentes sin plaza son actualmente el sector de mayor crecimiento dentro de la población docente del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, sobrepasando el 44% en el Recinto de Río Piedras y el 60% en el Recinto de Carolina. En solo tres años (2013-14 a 2015-16), el número de docentes sin plaza por cada estudiante regular equivalente subió un 131% en el RUM, mientras que, en Río Piedras, subió un 22.7% durante los últimos diez años. Asimismo, durante los últimos diez años, el por ciento de docentes con plaza se redujo un 8% en el RUM y un 4.8% en Río Piedras. Esta situación también supone un sangrado constante y creciente al Sistema de Retiro de la UPR, asunto que afecta a todas y todos los empleados del sistema.

Por otro lado, la tendencia señalada contraviene el marco legal de la UPR y erosiona la legitimidad ética, social y política de la institución. La creciente contratación de docentes sin plaza: 

(1) infringe la Ley y la reglamentación vigente en torno a los tipos de nombramiento en la UPR; 
(2) socava la libertad de cátedra; 
(3) atenta contra la UPR como una comunidad de intelectuales comprometida con el desarrollo y el futuro de la institución y del país en un contexto laboral justo; 
(4) dificulta la formación integral de los y las estudiantes; 
(5) constituye un caso dramático de injusticia laboral; 
(6) desincentiva la capacidad económica de un amplio sector profesional, joven y altamente cualificado; 
(7) quebranta la propia misión de la UPR, así como su perfil democratizador y su rol esencial en el desarrollo de un país mejor y más justo; e 
(8) institucionaliza el modelo neoliberal de
educación superior. 

Así pues, atender los reclamos de los y las docentes sin plaza es vital en la construcción de una universidad pública vibrante, sostenible y dedicada al bien común de quienes habitamos este País.

Un llamado a nuestros y nuestras colegas en puestos administrativos

En nuestra defensa de la UPR como el proyecto público de educación superior más importante de la sociedad puertorriqueña, entendemos como medida imprescindible y prioritaria que la institución cese la simultánea práctica de congelación de plazas regulares y contrataciones a tiempo completo y parcial. La sostenibilidad de la UPR, y su rol imprescindible para el país, requiere que se abran convocatorias para plazas permanentes, según la necesidad demostrada de cada dependencia.

Otras medidas urgentes que se deben implementar a corto y mediano plazo son las siguientes:
1. En caso de ser necesario extender el semestre, otorgar contratos nuevos por la duración calendarizada de las horas contacto restantes, para que estas sean remuneradas según la razón originalmente pactada.
2. Establecer fechas de vigencia en los contratos que provean el tiempo necesario para la preparación de los cursos.
3. Reconocer el principio de “igual paga por igual trabajo”, otorgando a los y las docentes a tiempo parcial una remuneración proporcionalmente equivalente a la escala salarial que se utiliza para las y los docentes a tiempo completo.
4. Garantizar que los y las docentes sin plaza sean contratadas por la duración del año académico.
5. Conceder a las y los docentes sin plaza las mismas condiciones laborales y beneficios marginales equivalentes a docentes con plaza.
6. Establecer como política institucional la no sobrecarga de docentes con plaza abriendo secciones adicionales para mantener un límite idóneo de estudiantes por sección y asignando a los y las docentes sin plaza los cursos adicionales disponibles para completar su carga académica (12 créditos).
7. Dar prioridad a los y las docentes sin plaza para cubrir las sesiones de verano.
8. Proveer las condiciones de trabajo necesarias para que los y las docentes sin plaza puedan desarrollar sus carreras académicas a cabalidad (por ej., tiempo pagado para realizar trabajos de investigación y/o creación, elegibilidad para participar en competencias para fondos institucionales, entre otros).
9. Honrar la política institucional del principio de mérito reconociendo la experiencia académica acumulada de lxs docentes sin plaza para la otorgación de los rangos académicos correspondientes.
10. Establecer como política institucional la creación de plazas docentes de nombramiento probatorio para las y los docentes que laboren por contrato a tarea completa durante 5 años, y que se les otorguen contratos a tarea completa a aquellos y aquellas docentes que laboren por contrato a tarea parcial durante 3 años.
11. Reconocer el derecho a voz y voto de los y las docentes sin plaza en contextos deliberativos que redunden en decisiones académicas y administrativas que atañen a la docencia (tales como reuniones departamentales, de facultad y del claustro).
12. En el caso de no renovación de contrato, el/la docente sin plaza debe ser informada por escrito de las razones por las que no se le renueva el contrato.
13. Establecer como política institucional garantizar remedios administrativos imparciales, rápidos y justos para tramitar querellas y apelaciones de lxs docentes sin plaza.
14. Establecer una Carta de Derechos de los y las Docentes Sin Plaza del Sistema Superior Público de Puerto Rico que se incluya en toda contratación.

Un llamado a nuestras y nuestros colegas con plazas regulares

Solicitamos que encaminen con acciones concretas la solidaridad con los sectores más vulnerables que debe caracterizar un gremio como el nuestro, abocado a la educación y, por ello, a la democracia y a la justicia. Ante las condiciones de trabajo precarias e indignas para sus colegas sin plaza antes descritas, solicitamos que, por ejemplo:

1. No acepten cursos por compensación que pueden ofrecer sus colegas sin plaza para completar un contrato a tiempo completo.
2. Cedan sus puestos prioritarios –por antigüedad o por “uso y costumbre”– cuando se asignan los cursos de las sesiones de verano.
3. Pongan en práctica modos de proteger a sus colegas sin plaza de situaciones o posiciones que puedan acrecentar su vulnerabilidad ante la institución.
4. Accionen en la cotidianidad universitaria tomando en cuenta prioritariamente que buena parte –y, en algunos casos, la mayoría– de sus colegas no tienen las mismas condiciones de trabajo, beneficios marginales y seguridad laboral.

*Esta carta ha sido redactada colaborativamente con material producido por el Comité de Acción de Docentes Sin Plaza (CADSP, UPR-Río Piedras), la mesa de trabajo Lxs sin plaza del colectivo Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción (PROTESTAmos, UPR-Mayagüez) y lxs Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PAReS, UPR Río Piedras). Además de dichos colectivos, suscriben esta carta los siguientes: DeMoS (UPR-Cayey), APRUM (Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez) y APPU (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios).

PAReS reitera su apoyo a la Rectora Interina

19 de mayo de 2017

Carta abierta al país:

Los docentes de PAReS (Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria) apoyamos las gestiones de la Rectora Interina del Recinto de Río Piedras, la doctora Carmen Haydée Rivera, para la resolución del conflicto huelgario en nuestro Recinto a través de la mediación y la negociación.

La Rectora ejerció sus funciones de forma ejemplar para proteger el futuro de nuestra institución, de acuerdo con las políticas institucionales vigentes. Los conflictos entre universitarios se resuelven mediante el diálogo y la negociación, no mediante el uso de la fuerza o la demagogia, intimidación y mecanismos de represión, constatados en las enmiendas al Código penal. De igual manera, como líder de nuestro Recinto, dio cátedra al país, en estos momentos tan conflictivos, de los mejores modos para pensar nuestro futuro común. Si el gobierno o la Junta se hubiera sentado a negociar, en lugar de mostrar la más absoluta intransigencia, tal vez habría concluido este conflicto a favor del Puerto Rico que necesitamos en una coyuntura tan crítica. Este proceso requiere, sobre todo, la honestidad y paciencia que la Rectora ha mantenido.

Todos los universitarios estamos de acuerdo en que hay que auditar la deuda y en que los recortes propuestos al sistema Universitario público del país, arbitrarios e injustificados, amenazan su existencia. Estamos convencidos de que un alza de matrícula no resolvería el asunto económico y sólo tendría el efecto de dejar fuera a la población más pobre del país. Como ciudadanos, tenemos derecho a la protesta, y como universitarios, es a nosotros a quienes nos corresponde reformar la Universidad.  El desacuerdo que se nos presenta para atender esta crisis, no es sobre las causas, sino sobre los medios. En un contexto universitario, el uso de la violencia es impensable, puesto que desvirtúa y desmerece la naturaleza y el fin del quehacer universitario. Esto lo ha comprendido bien la Rectora, y ha obrado acorde a estas convicciones, que comparte toda la comunidad universitaria. Nos oponemos firmemente al uso de la fuerza y reprochamos las campañas de difamación y los ataques públicos, injustificados y antiuniversitarios, contra la persona de la Rectora Interina.

Lamentamos su renuncia y reiteramos nuestro apoyo a su pasada gestión, en el mejor espíritu universitario.

Cordialmente,


PAReS

miércoles, 17 de mayo de 2017

Organizaciones docentes denuncian el uso de la fuerza

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el colectivo de Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PARES), el Colectivo de Docentes en Movimiento Solidario (DEMOS) y Profesores Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción (PROTESTAMOS) denunciaron que se pretenda abrir los portones del Recinto de Río Piedras mediante la fuerza. Nuestras organizaciones, coincidimos en rechazar el uso de la violencia para tratar de resolver el conflicto universitario. La forma responsable y democrática de atender este asunto es mediante el diálogo.
Justo cuando el proceso de diálogo entre los distintos sectores de la comunidad universitaria está comenzando a rendir frutos corremos el riesgo de que el mismo sea interrumpido por una desacertada decisión del Tribunal. El pasado martes 9 de mayo, la APPU le pidió a la Presidenta Interina, Nivia Fernández, que solicite tiempo al Tribunal para dar espacio a que el conflicto universitario se resuelva como debe resolverse, mediante un acuerdo entre las partes. La Presidenta Interina de la UPR se ha negado a pedir este tiempo adicional al Tribunal.
La Comisión de Diálogo Institucional se ha reunido ya en varias ocasiones, y el diálogo ha avanzado. Hay que dar el espacio a que este diálogo madure. De hecho, varias de las demandas de los estudiantes ya se han considerado en la Comisión, y hay buen ambiente para llegar a acuerdos sobre otras de las demandas del sector estudiantil y de los sectores docentes y no docentes.
Si la policía entra al Recinto para acabar el proceso huelgario por la fuerza y la represión, tanto APPU como PARES, en el caso de Río Piedras, haremos un llamado a todos los docentes a no entrar a ofrecer clases y a defender la política de sana convivencia de la UPR. La misma posición asumirán DEMOS (Cayey) y PROTESTAMOS (RUM) en caso de que se produzca la entrada a sus recintos mediante el uso de la fuerza.
No entraremos a trabajar en un ambiente de violencia. Los reclamos de consenso entre los estudiantes y otros sectores de la comunidad universitaria deben ser atendidos por el bien común de todos y todas en el país.

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