viernes, 7 de abril de 2017

Profesores solicitan participación de la comunidad en reformas al plan médico

Comunicado de Prensa

7 de abril de 2017

Comunicado para publicación inmediata

Profesores solicitan participación de la comunidad en reformas al plan médico   

El grupo de Profesores Autoconvocados en Resistencia Solidaria (PAReS) exige que se incluya a la comunidad universitaria en cualquier deliberación que afecte los beneficios del plan médico de la UPR. El pasado 3 de abril la Presidenta Interina, Nivia A. Fernández Hernández, anunció modificaciones en el plan médico, semanas después que la Junta de Control Fiscal y el Gobernador, Dr. Ricardo Roselló Nevares, han presionado a la alta gerencia de la Universidad de Puerto Rico para que recorte 450 millones de dólares de su presupuesto.

En el contexto de esta crisis fiscal, cualquier cambio al plan médico, una de las principales conquistas de los trabajadores/as de la Universidad de Puerto Rico, debe hacerse en consulta con la comunidad universitaria y sus representantes. Preocupa no sólo el efecto en la salud que ha tenido la precarización de las condiciones de trabajo en la Universidad de Puerto Rico, sino también, y en particular, el impacto diferenciado que puedan tener, en términos de género, los cambios en la cubierta.

Las mujeres constituyen el sector mayoritario de trabajadores en la Universidad, un 53.49%, y son las principales usuarias de los servicios médicos. “Cualquier cambio a la cubierta al plan médico debe realizarse tomando en cuenta esa realidad y desde una perspectiva de género”, sentenció la Portavoz de PAReS, Érika Fontánez.

Debido a las importantes repercusiones que tiene este asunto, demandamos que la comunidad universitaria se integre a cualquier deliberación en torno a las modificaciones al plan médico.

Foro sobre la crisis en Puerto Rico



PARTICIPAN:
José I. Alameda Lozada, UPR Mayagüez
Ariadna Godreau-Aubert, Espacios Abiertos
Joanisabel González, El Nuevo Día
Efrén Rivera Ramos, UPR, profesor visitante YALE
Jorge Rodríguez Beruff, Universidad Carlos Albizu
Danelle Gutarra Cordero, Princeton University (moderadora)

lunes, 3 de abril de 2017

¿Qué es PAReS?

PAReS es un colectivo alternativo de resistencia creado por profesoras y profesores con y sin plaza de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras durante el paro estudiantil de marzo del 2017. 

Docentes de una diversidad de facultades nos hemos auto-convocado en respuesta a la falta de espacios abiertos y democráticos para la discusión de la crisis y la acción consecuente. En especial nos ocupan los recortes a los servicios y a las instituciones públicas del País que atentan contra su estabilidad y su existencia misma.

Nosotras y nosotros:

- Condenamos que el pago a los bonistas sea más importante que la educación pública del país.

- Rechazamos la imposición arbitraria y desproporcionada del recorte de $450 millones a nuestra Universidad.

- Repudiamos la actitud sumisa que ha adoptado la Administración Central ante los requerimientos de una Junta que, de facto, ha desplazado las instituciones democráticas del país.

- Denunciamos la vulnerabilidad de una política pública que se centre en la austeridad como mecanismo para resolver la situación fiscal de Puerto Rico.

- Exigimos que se garantice la participación de todos los sectores de la comunidad en cualquier intento de reforma universitaria.

Pronunciamiento sobre la situación del país y la Universidad.

Pronunciamiento de Juristas, Académicos y Profesionales de Derecho de Puerto Rico sobre la situación del país y la Universidad.
El país

-Puerto Rico vive una coyuntura histórica sin precedentes en la que está en riesgo el presente de quienes hoy constituimos el país y el futuro de generaciones que lo constituirán. Esta coyuntura afecta sobre todo a quienes ya están en condiciones de mayor vulnerabilidad ya sea por razones económicas o por formar parte de grupos históricamente discriminados: las mujeres, las personas LGBTT, las personas migrantes y las personas que han sido discriminadas por razón de raza, origen y condición social.

-Las condiciones de gobernabilidad y la toma de decisiones en el país han sido impermisiblemente socavadas principalmente mediante dos vías:

(1) la eliminación burda de las pocas vías de democracia representativa que existían y que fueron unilateralmente sustituidas por una Junta de Supervisión Fiscal compuesta por siete personas no electas que rigen absoluta y autoritariamente todo el futuro y la toma de decisiones que nos afecta a quienes habitamos Puerto Rico.

Estas siete personas tienen la autoridad para decidir por todo el país la aplicación de nuestra Constitución, la aprobación y aplicación de toda legislación y reglamentación, lo concerniente a nuestro presupuesto, individual y colectivo y las medidas que nos aplicarán en el presente y futuro individual y colectivamente;

(2) la implantación de un único criterio rector a partir del pensamiento único economicista para toda la toma de decisiones relacionadas al país, incluyendo asuntos relacionados a los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales como la educación, la salud y la vivienda y los derechos civiles y políticos.

-La forma que tome la sociedad puertorriqueña en los próximos años, incluyendo su población, sus condiciones sociales, su salud física y mental, sus oportunidades de educación primaria, secundaria y universitaria, las condiciones de trabajo y vida en general, estarán pre-determinadas en función de un cálculo financiero cuyo criterio rector es el pago a acreedores de una deuda que es de dudosa constitucionalidad y que aún no ha sido auditada conforme a estándares rigurosos.

El estado de derecho

-Lo anterior implica que todo nuestro estado de derecho ha sido alterado y que los principios fundamentales por los que toda sociedad debe regirse han sido y son diariamente -y con cada decisión de esta Junta- soslayados. No contamos con ninguna forma de participación política en la toma de decisiones sobre aspectos que hoy, y desde ya, inciden en nuestro diario vivir y en el futuro de nuestros niños y niñas.

El ordenamiento jurídico contenido en el Código Político de Puerto Rico y en la Constitución de 1952 fue alterado y su aplicación diaria resulta en un “estado de excepción” que ya se ha convertido en la normalidad y en un régimen jurídico que violenta los principios rectores más básicos de un estado de derecho democrático. Esta situación no es ni puede ser obviada por juristas y profesores de Derecho que imparten en su cátedra los más elementales principios del estado de derecho al que aspiramos.

El énfasis que se intenta utilizar para subrayar la supuesta ilegalidad de la acción concertada de los estudiantes omite hacer hincapié en la ilegalidad de la deuda, que es lo que precisamente motiva la acción estudiantil.

La educación y la Universidad de Puerto Rico

-En ese escenario, la Universidad de Puerto Rico, la única universidad pública del país, es una de esas instancias que mediante estas vías anti-democráticas y siguiendo parámetros y cálculos arbitrarios meramente financieros, en los últimos años ha sido paulatinamente desmontada. Bajo la idea de la necesidad de “recortes”, se nos ha querido hacer ver como irremediable un cambio paradigmático en el proyecto de universidad pública: se pretende prácticamente eliminar nuestra institución superior de enseñanza pública, despojándola de un presupuesto público que la haga operacional y que responda a los parámetros de toda universidad pública de rigor y prestigio.

-Si bien es cierto que la UPR requiere cambios en su operación y organización, asunto que los universitarios hemos venido señalando por décadas, lo cierto es que lo que se le exige a la Universidad, millonarios recortes al ras y basados solamente en las necesidades del pago de deudas a acreedores, dan al traste y pone en riesgo de muerte el interés público de que las actuales y futuras generaciones tengan la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad, rigor y que provea las oportunidades de preparar profesionales y sobre todo ciudadanas y ciudadanos para el país que queremos. Se trata de una labor insustituible, por eso, el desmantelamiento de la universidad sería un daño irreparable para el país.

-La preocupación por la acreditación debe estar enmarcada en el tipo de universidad que resultaría en el contexto de los recortes. Sería una universidad solo para unos pocos y sin considerar el proyecto público para el cual fue creada.

-No debería hacerse responsables a los estudiantes por los señalamientos que ha realizado la Middle States, pues los más apremiantes se relacionan con la gobernanza y no con el paro decretado. El mayor riesgo no son las acciones de los estudiantes sino los recortes mismos propuestos por la nueva política pública que está imponiendo la Junta y que están siendo avaladas por la administración.

Nosotras y nosotros como juristas

-Nosotras y nosotros, como juristas, profesionales del derecho y profesoras y profesores universitarios, en esta coyuntura única y urgente, tenemos un deber ético de mirar de frente y firmes esta situación; posicionarnos a la altura que estos tiempos requieren y denunciar con firmeza todo lo anterior por su carácter antidemocrático y por ser contrario a los más elementales derechos y oportunidades de quienes constituimos este país y a quienes nos afectará directamente.

-En este sentido, no vemos en el régimen de derecho actual un estado de derecho legítimo, sino por el contrario, uno que debe ser divulgado e inteligentemente cuestionado pues éste entraña los elementos antidemocráticos más perversos en una situación en la que millones de personas en este país no tienen ni han tenido que ver con la legitimación de esa ley (PROMESA) ni con los parámetros con que se toman las decisiones mediante ella. Consideramos, pues, nuestro deber unir nuestras voces para que más personas se unan a esta denuncia y que reclamemos las oportunidades para incidir directamente en la toma de decisiones que nos afectan hoy y nos afectarán a nosotros y a nuestros hijos e hijas.

Acción ciudadana

-Diversos grupos sociales, y más recientemente los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, han hecho un llamado a detener la cotidianeidad, a reunirse, a concertar acciones y a vislumbrar cursos de acción ante esta situación que confrontamos como país. El desempleo, la falta de servicios de salud física y mental, el desmantelamiento de la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, la precariedad e inseguridad laboral, los desahucios y pérdidas de hogares, la precariedad y pobreza de nuestros pensionados, el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, son ya y serán más aún en los próximos meses, la orden del día.

-En el caso de la Universidad de Puerto Rico, la embestida es atropellada y desproporcional. Las medidas requeridas por la Junta, presionadas por bonistas y avaladas por el gobierno y adoptadas subsilentio por la administración universitaria, desmantelan nuestro único proyecto universitario público, ese que por más de un siglo nos ha servido al país como lugar para el pensamiento, para la preparación de profesionales diversos, el ascenso social, la creación artística, la investigación científica de interés público y el quehacer social a favor del interés público y de los más desaventajados en nuestro país.

-No hay, pues, peor resultado que el no pronunciarse ni hacer nada ante esta situación. No hace falta coincidir con todas las vías de acción concertadas que cada grupo acogerá para entender que en esta coyuntura el valor más importante es el cuestionamiento a estas políticas y la importancia de un detenimiento para entender y evitar las decisiones nefastas que de manera atropellada van a definir el destino de millones de personas que nos veremos afectadas directa e indirectamente por estas políticas.

Por eso:

-Por eso: nos unimos a las voces que hoy denuncian firmemente lo antes expuesto, que exigen participación amplia del país en la toma de decisiones sobre las políticas que nos afectan, incluyendo el que se audite con rigor la deuda que hoy sirve de justificación para imponernos estas medidas. Queremos ser nosotras y nosotros, la ciudadanía, quienes dictemos el cómo queremos vivir como sociedad sin que sean solamente los intereses de los acreedores los que nos dicten el curso de nuestra vida.

-Por eso: apoyamos el llamado de los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a detenernos y a comenzar acciones ciudadanas para lidiar con este escenario de tanta dificultad y evitar estas propuestas y políticas que nos llevan hacia un daño irreparable.

-Por eso: los aquí firmantes, nos reafirmamos en que es nuestro deber ético en esta situación, como universitarios, profesionales del Derecho y ciudadanas y ciudadanos, oponernos firmemente a estas políticas y unirnos al accionar de otros y otras para detenerlas.

Firmantes:

Ana Matanzo Vicens, profesora Derecho UPR

Chloe S. Georas, profesora Derecho UPR

Érika Fontánez Torres, profesora Derecho UPR

Glenda Labadie Jackson, profesora Derecho UPR

Nylca J Muñoz Sosa, profesora Derecho UPR

María Jiménez, abogada

Efrén Rivera Ramos, profesor Derecho UPR

Julio Fontanet Maldonado, profesor y decano Facultad de Derecho UIPR

Juan F. Correa Luna, profesor Derecho UIPR

Fernando Moreno Orama, profesor Derecho PUCPR

Ariadna Godreau Aubert, coordinadora Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia y abogada

Guillermo Rebollo Gil, profesor Universidad del Este y abogado

Mariana Iriarte Mastronardo, profesora de Ciencia Política UPRRP y abogada

Edna Benítez, profesora UPRRP y abogada

Nora Vargas Acosta, profesora Derecho UPR

Luis A. Zambrana, doctorando en Derecho, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

María Hernández Torrales, abogada y profesora Derecho UPR

Pedro Saadé Llorens, abogado y profesor Clínica Derecho UPR

Verónica Rivera Torres, abogada

Iris Yaritza Rosario, defensora legal de SAL y profesora adjunta Derecho UPR

Luis José Torres Asencio, abogado y profesor Derecho UIPR

Zahíra Rodríguez Feliciano, abogada

Yashira M. Hernández González, abogada

Gabriel Espinosa González, abogado, Programa ProBono Derecho UPR

Miguel Ángel Rivera Álvarez, Bibliotecario Jurídico de la Escuela de Derecho UPR

Felix Rivera Cabrera, abogado de la Clínica de Asistencia Legal de la UIPR

Marilucy González Báez, profesora Derecho UIPR

Yanira Reyes Gil, profesora y Decana de Asuntos Académicos Derecho UIPR

Luis Rafael Rivera Rivera, profesor Derecho UIPR

Esther Vicente, catedrática Derecho UIPR

Manuelita Muñoz Rivera, profesora Derecho UIPR

Josefina Pantoja Oquendo, abogada

Pedro Cabán Vales, profesor UIPR

Gerardo Bosques, profesor UIPR

Judith Berkam, abogada y profesora UIPR

Ana Irma Rivera Lassen, ex presidenta Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

Josué González-Ortiz, abogado ACLU

José R. Roque Velázquez, abogado

Indiana Quintero Ilarraza, abogada Oficina Legal de la Comunidad UIPR

Patricia Otón Olivieri, abogada y profesora Derecho UIPR

Steven Lausell, abogado

Myrta Morales Cruz, profesora Derecho UIPR

Annette Martínez Orabona, profesora Clínica de Derechos Humanos UIPR

Rafael E. Rodríguez, profesor y director de la Oficina Legal de la Comunidad UIPR

Osvaldo Burgos Pérez, abogado y profesor Derecho UIPR

domingo, 2 de abril de 2017

Propuesta de Organización y Trabajo Comité de Acción de Docentes Sin Plaza de la UPR (CADSP-APPU) “Lxs Sin Plaza”

Nota: El Comité de Acción de Docentes sin Plaza de la UPR (CADSP-APPU) nos comparte este documento en el que esbozan una propuesta de organización y trabajo. Para más información sobre el Comité y lo que sigue, pueden contactar a César Pérez Lizasuaín a cesar.lizasuain@gmail.com o a cadspupr@gmail.com.

Propuesta de Organización y Trabajo Comité de Acción de Docentes Sin Plaza de la UPR (CADSP-APPU)  “Lxs Sin Plaza” 
1. Preámbulo
Una gran cantidad del personal docente de la Universidad de Puerto Rico son docentes sin plaza .[1] Estos docentes están sujetos a la precariedad impuesta por la gerencia neoliberal de la UPR. Ante dicha situación, esta parte importante de los docentes ha decidido tomar acción en contra de esta administración. Para defender nuestros intereses hemos decidido organizarnos el Comité de Acción de Docentes Sin Plaza de la UPR.
Por Comité de Acción nos referimos a fomentar un espacio para el encuentro, para hacernos visibles, para deliberar y tomar decisiones. No podemos reproducir el mismo poder antidemocrático que nos segrega y que ha precarizado nuestras condiciones de trabajo. Por eso, la horizontalidad permite la participación plena e inclusiva. Aspiramos al más amplio debate democrático, a la toma de decisión común y a la ejecución real de lo decidido colectivamente. La horizontalidad promueve una estructura flexible en donde portavoces representen la voluntad del colectivo.
Al igual que todo el pueblo se ha visto afectado por las reformas neoliberales queremos solidarizarnos y lanzar un “Basta Ya”. Los recortes propuestos para la UPR por la colonial Junta de Control Fiscal (JCF) y por la administración de turno solo buscan garantizar el pago de la deuda pública. Dichos recortes van de la mano con otros propuestos en áreas vitales  para el pueblo tales como la salud, educación y la nefasta reforma laboral, que contribuyen al empobrecimiento de la clase trabajadora del país (incluyendo a lxs estudiantes y empleados docentes y no docentes de la UPR). Rechazamos contundentemente cualquier intento de chantaje que pretenda poner al pueblo a elegir entre educación, salud y cualquier otro servicio esencial, así como cualquier recorte para el país o la UPR. En su lugar, debe completarse una auditoría total, transparente y participativa de la deuda.
Rechazamos ese poder alienante que precariza nuestra vida. Nos encontramos sujetos a un “régimen de segregación” laboral en donde el patrono promueve que asumamos un papel sumiso, acrítico, conformista, en fin, a tener un rol indigno. Estas condiciones inciden negativamente y degradan la calidad académica en la enseñanza superior. De facto se nos impone transformar nuestra vocación pedagógica para pasar a una racionalidad de “docenteempresarial”: esa lógica que pretende conducir la práctica académica por medio del imperativo categórico de la competencia y del saber que solamente es valorizado para y por el mercado. No queremos educar para responder a la idolatría del dinero; queremos educar para la vida.
La Universidad tiene un fin social y por eso defendemos la inversión pública. Lo cierto es que la UPR devuelve con creces la inversión estatal en términos sociales, económicos y culturales. (1) Nuestros egresados y profesionales terminan aportando al fisco una tasa mayor respecto a aquellos no egresados. (2) La UPR mantiene una cuenta por cobrar de 303 millones de dólares al 2015 (en servicios suministrados al Gobierno de Puerto Rico), esto no incluye $1,673 millones de 2004 a 2015 en cuentas por cobrar tiradas a pérdida.  Estas cuentas por cobrar   se usaron como colateral para líneas de crédito . (3) La institución aporta millones de dólares en [2]mano de obra proporcionando a sus estudiantes de su primera oportunidad de empleo mediante internados y prácticas profesionales. (4) A pesar del descalabro en el sistema de salud y su encarecimiento, la UPR ofrece servicios vitales a miles de pacientes en el Hospital de la UPR.

2. Nuestra situación actual
1.          Los docentes sin plaza enfrentan malísimas condiciones laborales. Estas condiciones son tan perniciosas que degradan el nivel de vida de estos docentes, afectan el rendimiento académico y degradan la calidad de la enseñanza.
2.          Esta situación es peor aún para los docentes a tiempo parcial. El salario recibido es tan  bajo que los arroja a la pobreza.
3.          Para compensar su bajísimo ingreso, los docentes sin plaza contratados a tiempo parcial se ven obligados a trabajar en varios recintos o universidades al mismo tiempo. Esto se traduce en una extensión extraordinaria de la jornada de trabajo.
4.          La paga que recibe el docente contratado a tarea parcial no compara ni remotamente con el trabajo realizado. La carga máxima para el docente a tarea parcial es de 11.5 créditos a razón de $1,781.00 o de $2,043.00 por curso en el semestre. Hay variaciones dependiendo de grados académicos obtenidos, facultades, departamentos y el nivel de enseñanza (subgraduado o graduado). De esta forma, en un año el ingreso promedio para el docente a tarea parcial oscilaría entre los $10,686 hasta los $12,258. Esto ubica al docente contratado a tarea parcial por debajo del nivel pobreza según los estándares socioeconómicos empleados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Para este tipo de docentes no existe proporcionalidad que recompense en condiciones de igualdad su trabajo: para que el docente a tiempo parcial pueda igualar el mismo sueldo básico como el que recibe el docente con plaza en cuatro meses, necesitaría enseñar por lo menos 14 cursos en un solo semestre.


5. A ello se suma una serie de medidas de austeridad que continúan afectando la ya pobre remuneración económica recibida por el docente sin plaza. Sobre aquellas medidas recogidas en las “Disposiciones reglamentarias para la operación del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, Año Fiscal 2015-2016” en donde se estipula la reducción de un 5% en el pago a personal docente y no docente a tarea parcial y por contrato .[2]

6. Según se diera a conocer en el “Informe Final del Comité Conjunto para estudiar las contrataciones del personal docente y la congelación de plazas en el Recinto de Río Piedras”, la Carta Circular Núm. 16, 2010-2011 de la Oficina de la Rectora dispuso que los contratos al personal docente no pueden exceder los diez (10) meses y que se autorizarán contratos de cinco (5) meses con la posibilidad de renovarse o cancelarse de acuerdo a la demanda de cursos. Esto conduce a situaciones de arbitrariedad y de inseguridad laboral.
7. Ante los recortes presupuestarios propuestos por la JCF y por el gobierno la administración universitaria contempla cesantías a docentes sin plaza contratados. Esto significa enviarlos al desempleo y profundizar la crisis económica y social del país.
8. La administración universitaria también contempla reducirle la jornada de trabajo a los docentes sin plaza contratados a tiempo completo. Esto equivale a bajarles su salario en más de un 75 por ciento.
9. Los administradores universitarios manejan arbitrariamente el periodo de contratación y reducen el periodo de contratación de los docentes sin plaza de un año a 10 meses y hasta a un semestre. Esto significa desempleo estacional, pues los docentes en esta situación no cobran durante verano y durante el periodo navideño.
10. Frecuentemente los docentes sin plaza no cobran hasta dos o tres meses de luego iniciado el semestre. Esto demuestra una crasa insensibilidad del patrono, pues significa que muchos de estos docentes no cobran desde la segunda quincena de mayo hasta septiembre u octubre.
11. El patrono maneja arbitrariamente la otorgación de plan médico a los docentes sin plaza contratados a tiempo completo. Muchos recintos no cumplen con la certificación vigente al respecto. 
12. A ello se suma la inseguridad contractual y laboral al que es sometido el docente por contrato sin plaza a tiempo completo. Los mismos cobran salario y están cubiertos por el seguro médico solamente 8 meses al año, por lo que están desprovistos de ambas cosas durante los periodos de receso académico (navidades y verano).
13. Situación antidemocrática. La norma es que en la práctica se le exige al docente sin plaza participar en comités de trabajo, brindar servicio, investigar y publicar en revistas arbitradas para ser considerado para una plaza. Este elemento de coerción y chantaje es anti-ético y sabotea el espíritu que debe prevalecer en la academia.
14. En ocasiones no se le permite al docente sin plaza participar y votar en los cuerpos con poder decisional tanto en los departamentos como a nivel de recinto. Esto viola el reglamento de la UPR.
15. El poder administrativo apuesta a la inseguridad contractual. Dicha práctica tiene consecuencias adversas:
-Degrada la calidad académica de la universidad.
-Produce una cultura de exclusión y de censura hacia lxs que cuestionan esta política gerencial.
-Fomenta  un  escenario  que  promueve  el  discrimen  por  razón  de  género, preferencia sexual, étnico-racial, político, de edad y otros.
-Facilita el padrinazgo político.
-Hay desvalorización de nuestro trabajo.
-Limita en gran medida la libertad de cátedra.
-Drena el fondo de Retiro de los docentes, pues cada vez la administración contrata más a tarea parcial.
-Esta degradación en condiciones laborales crea una profunda división entre los docentes, que se acerca a un sistema de castas.

3.     ¿Quiénes somos?
El CADSP es un comité de trabajo autónomo y horizontal de la APPU al cual pueden pertenecer todxs las docentes sin plaza del Sistema UPR, laboren a tiempo completo o parcial. Al CADSP pueden pertenecer tanto miembros como no miembros de la APPU y de otras agrupaciones docentes de la UPR, siempre que trabajen o hayan trabajado por contrato.

4.     La misión del CADSP consiste en:
-       Visibilizar, tanto dentro como fuera de la UPR, las condiciones de precariedad bajo las cuales laboran los docentes sin plaza;
-       Luchar, sin descartar ningún método de presión, por mejores condiciones de trabajo para lxs docentes sin plaza;
-       Concertar la solidaridad de los docentes con plaza. Hacer que nuestros reclamos sean los de ellos y viceversa.
-       Coordinar esfuerzos con otros sectores de la comunidad universitaria y del país hacia objetivos comunes relacionados con los puntos anteriores;
-       Apoyar una moratoria total del pago de la deuda pública. Exigir la participación protagónica de la comunidad universitaria y su acervo de inteligencia en el proceso de auditoría de la deuda.
-       Colaborar para un proyecto de país que incluya desarrollo económico, justicia social, participación democrática una relación armónica con el medioambiente.
-       Denunciar las condiciones laborales de lxs docentes sin plaza y visibilizar nuestra lucha dentro y fuera de la APPU y dentro y fuera de la UPR.

5.   Demandas de la CADSP

-       Exigir igual paga por igual trabajo: igualar los sueldos devengados por lxs docentes sin plaza con los lxs docentes con plaza. Esto se logra cambiando la escala de compensación de modo que se pague $2,000 por crédito ($6,000.00 por sección de tres créditos subgraduados).
-       Abrir plazas. La cantidad de plazas a abrir es el resultado de la diferencia entre el “Full Time Equivalent” y la cantidad de plazas existentes en el Sistema UPR. También debe calcularse esa diferencia según cada recinto.
-       Una mayor seguridad contractual: reevaluar nuestra situación laboral con la administración universitaria y exigir contratos no menores de cinco años, sobre todo a lxs docentes sin plaza que llevan más de diez (10) años de servicio[1] .
-       El  reconocimiento  a tener una cubierta de salud mientras dure la relación contractual indistintamente de la cantidad de créditos enseñados por lxs docentes sin plazas.
-       Una reforma a la Ley Universitaria y al Reglamento de la UPR que establezca lo siguiente: (a) Democratice y haga transparente los procesos de reclutamiento y otorgación de plazas y de contratos.  Documente las prácticas de reclutamiento de docentes por contrato a nivel departamental con el objetivo de que se provea conocimiento público acerca de los procesos de toma de decisiones, los instrumentos utilizados para la misma y los requerimientos administrativos (evaluaciones, participación en comités, resometimiento de documentos a Recursos Humanos, etc.) a los cuales se nos expone cada semestre . (b) Brindar oportunidad de desarrollo profesional e intelectual al docente sin plaza dentro de la propia UPR. (c) Reconocer el derecho al docente sin plaza a participar en los cuerpos con poder decisional dentro de la Universidad.
-       Fomentar nuevas guías reglamentarias para que el Comité de Personal (poder consultivo) y la entidad nominadora (Rectoría, Decanos y Directores de Departamento) reduzcan la arbitrariedad, el capricho y el abuso del poder discrecional.
-       Crear guías que aumenten la diversidad: étnico-racial, de género, orientación sexual, teórica, política, y la diversidad funcional, para la contratación entre los docentes.
-       Una vez el docente ha laborado al menos dos semestres o tres trimestres y ha sido  evaluado satisfactoriamente, deberá dársele prioridad en la contratación antes que considerar docentes nuevos.

-       Exigimos que se democratice la UPR, se haga más accesible y se restructure el sistema    universitario sin que signifique menor  presupuesto para la universidad y sin menoscabar su carácter público.
-       Que se reconozca y garantice el derecho a tener igual acceso a los mecanismos institucionales de presentación de querellas y recursos apelativos que tienen los demás docentes.
-       Identificar nuevas fuentes de fondos para financiar mejores condiciones laborales propuestas en este documento. Esto debe realizarse sin que signifique la disminución de estudiantes ni empleados. Entre las posibles fuentes de fondos están las siguientes: 1. No pagar la deuda pública. 2. Aumentar impuesto sobre las ganancias de las corporaciones foráneas. 3. Que la UPR recupere el dinero que se le adeuda. 4. Reorganizar las finanzas de la UPR y del país para una mejor redistribución de los recursos económicos. 5. Eliminar o reducir significativamente los incentivos económicos a empresas privadas.




[1] El informe del Senado de 2016, recomienda contrataciones mínimas de 10 meses.



[2] Referencia: Sa. Ana López, sección de Nombramientos y Cambios de Recursos Humanos de UPR-RP, esto responde al Plan de austeridad de la UPR desde 2010.

[3] Informe Final del Comité Conjunto para estudiar las contrataciones del personal Docente y la congelación de plazas en el Recinto de Río Piedras, publicado por el Senado Académico del Recinto de Río Piedras, 14 de abril de 2016, indica que para el Recinto de Río Piedras esta cifra es de 31 por ciento. En otros Recintos, como Carolina, estimamos que esa cifra supera el 60 por ciento.
[4] Datos ofrecidos por el profesor Argeo T. Quiñones, tomados del documento Estados financieros auditados de la UPR de los años fiscales de 2004 a 2015. 3  Referencia: Recursos Humanos UPR-RP.

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