a) Que los criterios para analizar, proponer medidas y soluciones y comunicar la situación presupuestaria de la Universidad no sean exclusivamente de índole económica, sino que respondan a la naturaleza fundamentalmente académica y de servicio público de la institución.
b) Que se piense en la Universidad como un bien público cuyo funcionamiento en las mejores condiciones posibles constituye una obligación para el Estado y una responsabilidad con respecto a la sociedad puertorriqueña.
c) Que les corresponde a los universitarios decidir sobre la Universidad. En eso descansa la autonomía garantizada a la Universidad por su ley orgánica. Que se respete la potestad de la Universidad para hacer, en función de criterios de prudencia, confianza y apego al bien común, las decisiones que mejor convengan a la institución y al país al que se debe.
d) La comunidad universitaria ha de decidir las ideas generales de administración y dirección que debe adoptar la UPR en esta crisis y más allá de ella, en tanto modelo justo de futuro institucional.
Fuente: Informe del Comité Ad Hoc – Recomendaciones ante la Crisis Fiscal, acogido en la Asamblea del Claustro del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, en abril 2016.
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