Punto de partida para una reforma univesitaria

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A continuación un resumen redactado por Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PAReS) del Informe del Comité Ad Hoc – Recomendaciones ante la Crisis Fiscal, acogido en la Asamblea del Claustro del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, en abril 2016. El mismo podría considerarse una hoja de ruta, un punto de partida para la Reforma Universitaria.

Elprimero de abril de 2016 se celebró una reunión del Claustro del Recinto de Río Piedras de la UPR con el propósito de discutir “la situación fiscal por la cual atraviesa la Universidad”. Allí se presentó y acogió un informe de un comité especial del Senado Académico integrado por los senadores Carlos Corrada Bravo, Criseida Navarro Díaz, Érika Fontánez Torres y Silvia Álvarez Curbelo, para acopiar y analizar las posiciones asumidas por los docentes de las facultades y unidades en torno a la crisis fiscal de la UPR y sus consecuencias en el rendimiento del servicio que la institución debe prestar, de acuerdo a su misión y objetivos.

Este informe consignó “los principios y recomendaciones que deberán asumir su rector y representantes en aras de una universidad pública responsable, atenta a su misión académica, de investigación, creación y de servicio”. A continuación se presenta un resumen del contenido del Informe.

1. Se identifican algunos de los impactos que comparten con todas las unidades del Recinto como mínimo desde el 2009:

a) Autonomía: Ante esta crisis la tendencia ha sido reducir la autonomía (de facultades y recintos) por una serie de decisiones que se han ido Por ejemplo, antes, si hacíamos economías podíamos decidir hacia donde redirigir las economías de acuerdo con nuestras prioridades (a nivel de facultades como de Recinto). Eso ya no es así.

b) Incertidumbre en la Planificación: Uno de los problemas más graves es la falta de certidumbre para Al no contar con presupuesto, los proyectos especiales, la contratación de profesores e invitaciones para mini-cursos, las conferencias, simposios, paneles y otros proyectos sufren porque no hay garantía de que se puedan llevar a cabo o de que se puedan contratar invitados. No podemos tener un plan académico coherente ni siquiera de aquí a seis meses.

c) Docencia: La docencia ha sufrido con las medidas cautelares desde 2009 (ascensos, aumentos, reclutamientos, limitaciones en recursos para viajes, conferencias, etc.) pero, además, hemos perdido la posibilidad de cumplir con las áreas de prioridad identificadas en los auto-estudios, planes de desarrollo, informes anuales e informes ante las agencias acreditadoras.

d) Biblioteca e Investigación: La falta de pagos a los suplidores afecta la compra de libros, bases de datos, suscripciones a revistas, claves para el esfuerzo de investigación.

e) Proyectos Académicos Especiales: No hay autonomía para decidir sobre proyectos de esta índole pues dependemos de que alguien fuera de la unidad concernida y del Recinto tome la determinación.

2. Las constricciones presupuestarias sobre la UPR y sobre este Recinto en particular han llegado a un nivel en que se comienza a afectar la capacidad institucional de cumplir con los servicios educativos, de investigación/creación, de responsabilidad social, y de internacionalización a los que nos hemos comprometido con el país y con el mundo.

3. Se acogieron los siguientes principios de acción como pautas que deben regir toda consideración y acción tocante a la Universidad de Puerto Rico:

a) Que los criterios para analizar, proponer medidas y soluciones y comunicar la situación presupuestaria de la Universidad no sean exclusivamente de índole económica, sino que respondan a la naturaleza fundamentalmente académica y de servicio público de la institución.

b) Que se piense en la Universidad como un bien público cuyo funcionamiento en las mejores condiciones posibles constituye una obligación para el Estado y una responsabilidad con respecto a la sociedad puertorriqueña.

c) Que les corresponde a los universitarios decidir sobre la Universidad. En eso descansa la autonomía garantizada a la Universidad por su ley orgánica. Que se respete la potestad de la Universidad para hacer, en función de criterios de prudencia, confianza y apego al bien común, las decisiones que mejor convengan a la institución y al país al que se debe.

d) La comunidad universitaria ha de decidir las ideas generales de administración y dirección que debe adoptar la UPR en esta crisis y más allá de ella, en tanto modelo justo de futuro institucional.

4. ¿Qué pide el Claustro del Recinto de Río Piedras?

a) Que se garantice que el espacio de reflexión y acción primario sobre la Universidad lo constituyan los propios universitarios.

b) Que se diseñe y adopte un Plan Estratégico para el sistema y un Plan Estratégico para el Recinto que surja de la voluntad universitaria y su ejercicio deliberativo democrático.

c) Que cualquier propuesta externa comisionada por la gerencia de la UPR, como puede ser el Informe de AGB, no se tome como punto de partida o como plan que le da dirección a la Universidad, sino que se asuma como una fuente de información en el proceso deliberativo interno.

d) Tomando debida cuenta de la situación financiera del país y de la institución, que se honre como mínimo el compromiso presupuestario para el año fiscal 2016-2017 de $821 millones de parte del Fondo General.

e) Que no se recurra a ninguna medida que aumente la precariedad laboral de los docentes.

f) Que no se recurra a ninguna medida que merme la calidad de la enseñanza, investigación, creación y servicio que provee la Universidad de Puerto Rico.

 5. Respecto a la gobernanza y participación se declaró lo siguiente:

a) La Universidad de Puerto Rico debe estar presente y participar activamente en la consideración e implantación de las políticas gubernamentales que se adopten para atajar la crisis del país de manera que se puedan aquilatar las implicaciones que tienen las respuestas del gobierno para la sociedad puertorriqueña en general y para el proyecto universitario público, en particular.

b) La ponderación, toma de decisiones y ejecución de alternativas universitarias ante la crisis, al interior de la Universidad, debe ser autónoma, y libre de intervenciones, procesos y criterios ajenos a los universitarios.

c) La Administración Central, el Presidente y la Junta de Gobierno tienen el deber de representar a la Universidad de Puerto Rico y a sus intereses, sin allanarse a los intereses externos de la Universidad en detrimento nuestro. Su representación en las instancias gubernamentales debe reflejar verdaderamente la posición de la Universidad surgida de procesos democráticos y de participación desde las bases universitarias.

d) Cualquier proceso de reestructuración de la Universidad debe contar con la participación más amplia y directa de los sectores que componemos la Universidad y basadas en la experiencia de los universitarios y no a partir de la implantación de un plan predeterminado encomendado a terceros.

e) Requerimos que la determinación de la Administración Central de la Universidad de centralizar la toma de decisiones y el presupuesto sea revocada y que se le devuelva al Recinto de Río Piedras la facultad de ejecutar su plan de trabajo, establecer sus prioridades y generar las economías para hacer las reasignaciones necesarias sin que se socaven los aspectos medulares y académicos que son la razón de ser de la Universidad. El Rector debe mantener informada a la comunidad del Recinto de sus gestiones, comenzando por esta petición, y de las decisiones que se tomen a nivel central con la premura que amerite.

f) El Plan de Acción del Recinto, así como los planes de facultades y escuelas, en esta coyuntura de crisis, deben contar con la participación directa de los docentes, no docentes y estudiantes. Las facultades deben tener una participación directa en la toma de decisiones académicas y sobre las disciplinas que tendrán prioridad, las áreas que se determinen como de difícil reclutamiento, respecto a los reclutamientos, ascensos y otorgación de permanencias, evaluaciones, cambios curriculares, y todos aquellos aspectos que conforman el quehacer docente y que tendrán un impacto sobre los ofrecimientos académicos.

g) Deben establecerse procesos de rendición de cuentas ante las facultades y escuelas, con informes recurrentes, con el fin de mantenerlas informadas de la toma de decisiones finales en todos los niveles de la administración.

6. Respecto a los asuntos gerenciales se dispuso: “Es necesario descentralizar y deslindar los procesos administrativos, en modelos organizacionales más horizontales que fortalezcan los niveles decisionales locales y fomenten la autonomía de los recintos. Esto implica encaminar un diálogo franco sobre la posibilidad de consolidar algunos programas y tareas administrativas, liberando recursos para dedicar a actividades estratégicas que apoyen esa nueva forma de hacer.

A su vez, se requiere institucionalizar una cultura de planificación, evaluación y práctica auto-reflexiva, que permita continuamente evaluar la efectividad de las decisiones y acciones tomadas y hacer los ajustes para que no se repitan los errores del pasado”.

7. En lo concerniente al presupuesto de la Universidad y el Recinto de Río Piedras se expuso:

a) El Presupuesto no es un mero ejercicio contable de distribución de los fondos adjudicados al Recinto de Río Piedras y a sus unidades. Está significado por las prioridades programáticas, particularmente las de índole académica, y por la satisfacción de las obligaciones, como lo son la administración de becas estudiantiles, el pago de utilidades públicas, etc., indispensables para el servicio educativo, la investigación, la creación cultural, y el servicio al país, responsabilidades institucionales de la universidad pública.

b) El Presupuesto atañe a todos los universitarios. De ahí que solicitamos que haya un flujo oportuno, confiable y suficiente de información para posibilitar que los universitarios tengan un cuadro claro y accesible de cómo el Presupuesto responde a las prioridades establecidas por el Recinto. Esto se hace particularmente necesario en momentos de constricción fiscal.

c) La Universidad rinde un servicio indispensable a Puerto Rico como su única universidad pública y sus responsabilidades con el país cubren todos los ámbitos e impactan a todos sus habitantes. Cualquier modificación fundamental a los compromisos presupuestarios debe ser informada y consultada con los universitarios.

 8. Otras recomendaciones y peticiones:

a) Pedimos información precisa y actualizada sobre la situación de las plazas docentes regulares y la ocupación de las mismas; si aquellas que no están ocupadas cuentan con fondos asignados y cuáles son las proyecciones del Recinto respecto a la ocupación de las plazas regulares. Estimamos necesario que se analice la relación entre la dotación proyectada de plazas docentes y la dotación proyectada de plazas no docentes para los próximos cinco años.

b) Pedimos información precisa y actualizada sobre el número de contrataciones docentes por unidad, con las cargas por crédito y vigencia temporal, respectivas. Estimamos necesaria una proyección de las contrataciones docentes para los próximos cinco años.

c) Solicitamos que se investiguen las condiciones del personal en contratos temporales y se propongan recomendaciones viables para garantizar la mayor justicia y respeto profesional.

d) Solicitamos que a la mayor brevedad se trabaje un plan racional y justo de asignación de plazas y de contratación de personal docente que cumpla con los siguientes objetivos:

• Honre la dignidad profesional y personal del personal docente involucrado
• Evite que el ejercicio docente en el Recinto de Río Piedras esté marcado por la precarización laboral
• Responda a una oferta de educación de calidad, a una gestión de investigación afín al rango del Recinto como universidad graduada y de investigación, de creación innovadora y de servicio público eficiente y pertinente.
• Pedimos que se produzca un informe real, con los insumos de los departamentos y facultades, sobre las expectativas de retiro de personal docente en los próximos cinco años y que se trabaje un plan racional para atender los relevos necesarios sin que la primera opción sea recurrir a la “congelación” de plazas, un concepto no académico, en el que el docente es tratado como gasto prescindible dentro de una política de austeridad contable.
• La Universidad de Puerto Rico tiene que reafirmarse ante el gobierno central y la Oficina del Contralor como una institución pública diferente a las demás agencias gubernamentales. Restricciones evidentemente absurdas como el que toda comunicación de la Universidad durante el año electoral tenga que ser aprobada por la Comisión Estatal de Elecciones, deben cesar. Pero existen muchas otras no tan evidentes que evitan que la Universidad maximice sus recursos y se posicione a la par con las muchas instituciones académicas en el mundo que son protagonistas del desarrollo económico de sus países. Por ejemplo, no poder comprar equipos usados, estar obligados a pagar por garantías extendidas para todos los equipos que en su lugar es dinero que puede usarse para mantenimiento o no poder vender los equipos usados (por ejemplo, equipos que para investigaciones de alto nivel ya no sean apropiados pero que para uso convencional puedan ser perfectamente útiles).
• La Universidad debe fomentar en todas sus operaciones que impere un espíritu de apoyar a la realización de las iniciativas de los universitarios en lugar de que la negación sea la respuesta generalizada.