Columna de Antonio Martorell en el periódico El Nuevo Día:
14 de abril de 2017.
La Universidad de Puerto Rico, bien lo dice su nombre, es de Puerto Rico, pero ahora al igual que todo nuestro país está bajo el dominio de la Junta de Control Fiscal, mal llamada de Supervisión, cobijada por el insultante sarcasmo de PROMESA.
Esta Junta y el mayordomo colonial de turno en el Palacio de Santa Catalina pretenden un recorte presupuestario a nuestro primer centro docente que no es ni siquiera una amputación: es una herida mortal. Atentar contra la vida de la Universidad es un asalto asesino a nuestro pueblo. La educación superior es la base del bienestar nacional. Salud, justicia, ciencia, artes, religión, agricultura, comercio, tecnología, transporte, en fin, toda actividad humana de modo directo o indirecto depende de la educación.
Defendemos la Universidad, nos va la vida como pueblo en ello. A ella nos debemos. Nuestra deuda es con ella, no de la Universidad con la Junta. La inversión económica del país en su Universidad es una de alto rendimiento. La educación superior de nuestro pueblo no es un privilegio, es un derecho inalienable responsabilidad de todos.
La reducción al presupuesto universitario establecido por la Junta no guarda proporción al propuesto para el resto del gasto gubernamental. Sin duda es inaplazable una reforma universitaria pero lo es sobre todo para reconocerle una real autonomía de los vaivenes político partidistas que la hacen botín de guerra cada cuatro años del vencedor en las elecciones generales contribuyendo a su burocratización y corrupción. No debe sorprender entonces el hecho de que mientras se le exige reducir de modo inmisericorde el aporte a la Universidad, se aumente el gasto en la ya inflada y deficiente Comisión Electoral para la celebración de un plebiscito que mucho pretende y nada resuelve.
Los estudiantes universitarios se han decidido por el último recurso en su lucha por defender nuestro centro de estudios: la huelga indefinida. Es una movida desesperada, pero esperanzada en que sus reclamos sean escuchados e implementados. Hasta ahora han sido escuchados. Albergo serias dudas de que sean implementados. Y no es que las demandas no sean justas. La triste realidad es que están dirigidas a un organismo de cobro y su ejecutor en la Fortaleza, a una agencia fiscal pagada por nuestro pueblo para desvalijarnos, un pseudo gobierno de acreedores que convenientemente se opone a la auditoría de una deuda que ya se sabe es ilegal y señalaría a los culpables de ambos partidos que nos han defraudado con la cantidad de dinero que una vez revelada supondría una resta a la suma que nos pretenden cobrar.
La débil Fortaleza le teme a la Universidad por sobradas razones. El centro de estudios privilegia el cuestionamiento sobre la obediencia, opone el pensamiento creador al poder arbitrario, cultiva la libertad como generadora de la invención. Por supuesto que constituye una amenaza ante el encubrimiento, la usura y la cobardía.
PROMESA viene a cumplir su cometido —que es cobrar. De paso ha despojado lo que restaba de la máscara al Estado Libre Asociado mostrando la colonia al desnudo libre de falsos pudores. La nuestra es una lucha desigual, siempre lo ha sido y no aparenta cambiar. De un lado una agencia de cobro que esconde las armas bajo el blanco mantel de su mesa presidencial. Del otro una centenaria y atrincherada institución generadora del libre pensamiento y la autogestión.
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